Se mantienen en Salamanca los problemas de convivencia de profesores, aunque se duplican las agresiones por parte de padres

En el curso 2017-2018 ANPE atendió un total de diez casos en la provincia, el mismo número que en el curso anterior. En toda la comunidad atendieron hasta 74 casos, una cifra muy alejada de los 3.400 casos que refleja la Consejería de Educación. Los datos oficiales reflejan que hasta el 10% del profesorado de la comunidad tuvo problemas de convivencia

 Anpe
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El sindicato de profesores ANPE ha presentado este miércoles el informe del curso 2017-2018 del Defensor del Profesor, un servicio abierto a todos los docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, en todas las comunidades autónomas. Este servicio ofrece apoyo emocional y de asesoría jurídica a través de las demandas que se hacen por teléfono y en sede física. Concretamente, solventan las situaciones a través de los alumnos, los padres y los compañeros.

En Castilla y León, en concreto el sindicato atendió 74 casos, una leve bajada con respecto al curso anterior, cuando tuvieron 79 casos. Respecto al sexo, el 62% de los profesores que acudieron a ANPE eran mujeres, frente al 38% de hombres. Por etapas, destaca la Educación Primaria con 31 casos, seguido de los 27 de Educación Secundaria y los 7 de Educación Infantil. Es en esta última etapa donde se observa el mayor incremento porcentual, ya que en solo un año se han incrementado los casos de dos a siete.

Respecto a las problemáticas, la que tuvo mayor incidencia fueron las agresiones por parte de alumnos, seguida de problemas con el equipo directivo y de las denuncias de padres. En este caso, ha habido una subida significativa de 5 a 9 casos. Los casos en los que hay padres involucrados son significativos: 4 casos de amenaza de padres y nueve casos de denuncias de padres. Destacan las agresiones por parte de las agresiones de padres, duplicándose de un año para otro: han pasado de ser tres a seis casos.

A este respecto, ANPE explicaba que “los padres cada vez exigen y se inmiscuyen más en el trabajo del docente”, por eso, insistían en la coordinación con los profesores de manera que haya un mínimo de tres tutorías al año.

Cuando hay agresiones, el director del centro tiene la obligación de informar a la Dirección Provincial de Educación y a la Fiscalía, de ahí que los datos que refleja la Consejería de Educación disten mucho de los del sindicato. La Consejería de Educación refleja que hay hasta 3.400 casos de problemas de convivencia en toda la comunidad, lo que supone el 10% del profesorado.

En Salamanca los datos se han mantenido respecto a los del curso anterior, con diez casos en la provincia. Se trata de la segunda provincia de la comunidad, solo por detrás de Valladolid, en número de casos atendidos por ANPE.

Respecto al daño que genera en los profesores, el 36% presentaban síntomas de ansiedad, aunque también hubo casos de depresión y estrés. Hubo, además, 14 personas con baja médica.

Reivindicaciones de ANPE

ANPE y El Defensor del Profesor insisten en la propuesta de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:

La reactivación del Observatorio sobre la Convivencia Escolar.

Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz y erradicación de los problemas de convivencia en los centros educativos.

Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.

Renovación y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de régimen interior de los centros.

Asistencia psicológica gratuita a los profesores agredidos.

Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso.

Compromiso, por parte de la administración, para el tratamiento rehabilitador de los alumnos agresores.

La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.

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