Mañueco destaca que la Junta "ha cumplido" en la defensa de los intereses de Castilla y León "donde hiciera falta"

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde precisa que desde la Junta “siempre” se ha mostrado su disposición a defender “donde hiciera falta los intereses de Castilla y León”. “Y lo cumplimos”. “El Tribunal Supremo nos da la razón y obligará al Gobierno de España a devolver lo que corresponde a todos los castellanos y leoneses”, añade

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Mañueco destaca que la Junta "ha cumplido" en la defensa de los intereses de Castilla y León "donde hiciera falta"
Mañueco destaca que la Junta "ha cumplido" en la defensa de los intereses de Castilla y León "donde hiciera falta"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se felicitó este martes, 27 de abril, por la decisión del Tribunal Supremo sobre la devolución de los 182 millones del IVA correspondientes a 2017, que el Estado deberá pagar a la Junta.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde precisa que desde la Junta “siempre” se ha mostrado su disposición a defender “donde hiciera falta los intereses de Castilla y León”. “Y lo cumplimos”. “El Tribunal Supremo nos da la razón y obligará al Gobierno de España a devolver lo que corresponde a todos los castellanos y leoneses”, añade.

Esta petición ha sido un empeño personal del presidente de la Junta que en numerosas ocasiones ha exigido al Ejecutivo central pagar esta cantidad, un compromiso que además recoge el Pacto por la Reactivación Económica de la Comunidad, firmado entre la Administración regional, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila.

El acuerdo de presentar un recurso también fue votado y aprobado por unanimidad por las Cortes, el 5 de febrero de 2020, y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 Castilla y León reiteró de nuevo la petición.

Antes de presentar el recurso, el propio Alfonso Fernández Mañueco remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 26 de agosto de 2019, en la que le mostró su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa, indicando que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

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