El Ministerio del Interior inicia los trabajos para aplicar "factores de corrección" en la jubilación anticipada de policías y guardias civiles
Grande-Marlaska ha subrayado que "la profesión de riesgo, como tal, no existe en nuestro ordenamiento jurídico; lo que sí existe es que aquellas profesiones que tienen mayor penosidad tienen unos complementos específicos, y la Policía Nacional y Guardia Civil ya lo tienen"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ya está trabajando para aplicar los "factores de corrección para el adelanto de jubilación" a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Esta medida busca atender una reivindicación que las organizaciones representativas de ambos Cuerpos llevan años pidiendo para lograr una equiparación con otras policías, como las autonómicas y locales.
Grande-Marlaska se remitió al reciente real decreto aprobado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que permitirá "reconocer a distintos colectivos esa situación de factores de corrección de adelanto de la jubilación".
"En eso estamos trabajando ya, en un equipo para poder actuar en la forma necesaria y debida con Policía Nacional y Guardia Civil", indicó Marlaska en respuesta a una interpelación de Vox.
El ministro aclaró que la figura de "profesión de riesgo, como tal, no existe en nuestro ordenamiento jurídico", pero señaló que sí existen complementos específicos para aquellas profesiones con "mayor penosidad", los cuales, recordó, ya se mejoraron en un 40\% en 2018 con la equiparación salarial.
En paralelo a la intervención del ministro en el Congreso, decenas de policías y guardias civiles convocados por Jupol y Jucil se han concentrado de nuevo frente a la sede del Ministerio del Interior, donde reclamaron la dimisión de Marlaska y alertaron de la "falta de medios, la desprotección jurídica y la ausencia total de reacción política" ante la escalada de violencia contra los Cuerpos de Seguridad.
Portavoces de las organizaciones insistieron en que su principal exigencia es el "reconocimiento de la profesión de riesgo", una medida que, pidieron, debe ir acompañada de un endurecimiento de las penas para "restituir el principio de autoridad".
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