El Movimiento por la Escuela Pública Laica y Gratuita ha criticado "la situación de deterioro por los recortes educativos y sociales de los últimos siete años" y ha pedido "nuevas políticas para fortalecer el contenido de un pacto por la educación, que revierta los deterioros y permita avances educativos y sociales, requerimos del diálogo social y la participación de la comunidad educativa".
Así, en un comunicado, piden a las administraciones públicas que garanticen la inversión necesaria para apostar por la "planificación, promoción y extensión de una red pública de escuelas que sea el eje vertebrador de la escolarización porque es la escuela pública la que debe ser la garante de la equidad y el derecho a una educación de calidad en toda la provincia salmantina".
Por ello, reclaman al Gobierno central y autonómicos una serie de peticiones como el hecho de que "la educación básica debe entender como finalidades que alumnos y alumnas sean capaces de aprender por sí mismos a ser personas y a vivir con dignidad, a convivir como ciudadanos y ciudadanas del mundo, críticos, libres, justos y solidarios a partir de un conocimiento crítico de la realidad".
Por otro lado, piden la consideración de la educación como un derecho fundamental y la garantía de la equidad y la inclusión como valores transversales o la promoción de la igualdad de las personas, sin discriminación de género, orientación sexual, religión, clase social, origen, raza, aspecto o cualesquiera otras":
La laicidad de la educación es otra de las exigencias, así como la construcción de un currículo alternativo al existente, con la participación activa de la comunidad educativa, dinamizándolo y adaptándolo a las exigencias y necesidades futuras de las nuevas generaciones y que integre los nuevos problemas sociales.
Todo ello, insisten, se consigue con una financiación suficiente y una intencionalidad política para ello, por lo que prponen el 5% del PIB para ello con el compromiso de ampliarlo hasta el 7%. Sobre los profesores, además, creen que se debe evitar la precariedad y la estabilidad en las políticas educativas con un pacto en el que participe la comunidad educativa.