Faustino Temprano, secretario general Autonómico de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui Suárez, Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, Tomás Pérez Urueña, Secretario General de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, y Mª Pilar Gutiérrez Sánchez, Secretaria de Sociosanitario y Atención a la Dependencia de UGT SPCYL han ofrecido este jueves, 11 de noviembre, una rueda de prensa para hablar del Modelo de Atención Residencial en Castilla y León.
A finales de año pasado, acuciados por la pandemia sanitaria y sus consecuencias, desde UGT presentaron sus propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de atención a las personas mayores dependientes bajo cuidados de larga duración en centros residenciales.
Pasado casi un año, con un anteproyecto de ley de atención residencial -publicado el 30 abril de 2021-, que sigue su curso, y pendientes de los avances que se vienen produciendo en el marco del Diálogo Social y la hoja de ruta del Plan de Choque de ámbito estatal, desde UGT consideran necesario replantear la situación y urgir a las administraciones a abordar el problema.
El secretario general ha afirmado que “la crisis sanitaria ha impactado de la forma más grave y cruel en los centros de atención residencial de personas mayores, donde el coste humano ha sido sobrecogedor tanto para los usuarios como para los trabajadores de los centros”.
Para evitar que la situación vuelva a repetirse, desde UGT defienden un modelo de atención residencial mayoritariamente público, puesto que muchos de sus usuarios son dependientes y es la gerencia de servicios sociales la que dota de recursos suficientes a los centros para tratar a los usuarios que así lo requieren. Asimismo, consideran que el actual sistema es “caduco” y ha demostrado “estar fracasado”.
No obstante, Pérez Urueña ha reconocido que no todo ha sido negativo: “Sí que conseguimos en su momento una comisión de investigación en las Cortes, aunque no sabemos qué sacaremos en claro. Sin embargo, creíamos que habíamos aprendido algo, pero ha pasado un año y volvemos a cometer los mismos errores”.
También ha tenido palabras el secretario de la federación de Servicios Públicos de UGTCyL para el asunto del acuerdo con el sindicato de enfermería: “La consejería tomó una decisión ilegal desde nuestro punto de vista. Dar una paga a todas las enfermeras, obviando al resto del personal sanitario, y exceptuando a las enfermeras que trabajan en las residencias de mayores, que ejercen la misma profesión, pero son dependientes de la gerencia de servicios sociales”.
El objetivo del sindicato es crear un marco regulador adecuado tanto para los usuarios como para las personas que los cuidan y bajar las ratios de pacientes por trabajador. Y es que, según han explicado desde la organización sindical, “la ley de dependencia es un derecho reconocido en residencias públicas, privadas y concertadas, pero se financia con dinero público.
No se puede aplicar la misma ratio para un usuario de grado 3 que para uno de grado 1 porque requieren distintos tipos de atención y de profesional (terapeutas, gerocultores, personal de servicio, limpieza) para su cuidado. Sin embargo, desde UGT aseguran que, “tras un año de pandemia, seguimos en el mismo punto de partida y los profesionales del sector desarrollan tareas que no les corresponden”.
El propio Plan de Choque, aprobado en enero de 2021 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y acordado en la Mesa de Diálogo Social estatal en materia de Dependencia en ese mismo mes, estableció como objetivos “reducir la lista de espera, mejorar los servicios y prestaciones o establecer como preferentes los servicios profesionales de calidad”.
Por eso y para finalizar, Tomás Pérez, ha querido reprocharle a la administración autonómica que “parece que no hemos aprendido nada porque, un año y medio más tarde y con una pandemia en medio, aún no ha cambiado nada”.
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