El pasado 30 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, entre los que se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Salamanca, para que “de manera exclusiva y excluyente” lleven la materia relativa a las demandas por la cláusula suelo.
Hasta este momento, este Juzgado llevaba desde hacía siete meses estos asuntos de manera exclusiva, es decir, era el único en toda la provincia que conocía esta materia, pero no de manera excluyente, por lo que a él entraban otras materias civiles.
Y solo en ese periodo fueron 1.201 acciones individuales sobre cláusulas suelo que se quedaron sin devolver y, pese al cambio, han seguido aumentando en el primer trimestre del año hasta los 1.578. De hecho, apenas se consiguieron resolver una quinta parte de las que ingresan como demuestra el hecho de que de las 463 ingresadas en el primer trimestre, fueron 86 las que se resolvieron, mientras que en el cuarto fueron 671 las ingresadas por las 134 resueltas.
Para subsanar este problema, el Juzgado nombrado competente se dedicará solamente a ello, lo que ha provocado también quejas en el resto de trabajadores ya que lo que entraba en este ahora pasará a formar parte del resto, por lo que piden otro nuevo Juzgado.
Lo que sí es cierto es que el total de sentencias formuladas al respecto, 120, durante 2017 en Salamanca fueron estimatorias, casi al igual que en el resto de España. De hecho, casi el total de sentencias a nivel nacional, por encima de las 9.000, lo fueron así, cerca del 99%.
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