El Procurador del Común inició de oficiouna actuación tras conocer la problemática existente en algunos centroseducativos provocada por el uso que hacen los alumnos de móviles y equiposelectrónicos similares, tales como relojes interconectados con móviles, asícomo la demanda que se estaría produciendo por parte de los responsables dedichos centros para que se elaboren unos criterios que sirvan para armonizar entoda la Comunidad de Castilla y León una respuesta a dicha problemática.
La utilización del móvil a edades cadavez más tempranas, la intensificación de su uso, y la introducción de losmismos en los centros educativos por parte de los alumnos, está dando lugar aconflictos entre estos y su profesorado, dichos dispositivos pueden serelementos de distracción e interrupción, también pueden ser medios utilizadospara acosar u ofender a otros compañeros o otros miembros de la comunidadeducativa, e instrumentos de los que se pueden servir los alumnos en losexámenes para influir en su evaluación. Asimismo, también pueden dar lugar auna importante problemática en el caso de que se proceda a la retirada de losdispositivos por parte del profesorado, puesto que pueden ponerse en situaciónde vulnerabilidad derechos como el de la inviolabilidad de las comunicaciones olos relacionados con la protección de datos personales si se llegara a accederal contenido almacenado en los dispositivos.
El Procurador del Común detectó queexiste una importante heterogeneidad en los reglamentos de régimen interior queelaboran los centros educativos en el marco de la autonomía pedagógica, deorganización y de gestión que tienen reconocida, en lo que respecta a lapermisibilidad o no de la tenencia y/o utilización de los móviles, en cuanto alas sanciones que pueden llevar consigo las infracciones tipificadas en dichosreglamentos, en las garantías con las que se ha de proceder ante la retirada delos dispositivos a los alumnos en aquellos casos en los que proceda, etc.
En el informe remitido por la Consejeríade Educación, se pone de manifiesto que los centros educativos de la Comunidadde Castilla y León no han solicitado formalmente el establecimiento decriterios comunes en materia de uso y tenencia de dispositivos móviles osimilares en los centros de su territorio, pero si la preocupación. Desde elpunto de vista curricular, se remite a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 dediciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los DerechosDigitales, según la cual “el sistema educativo garantizará la plenainserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de uso de losmedios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, valoresconstitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respetoy la garantía de la intimidad personal y familiar y protección de datospersonales” y remite lacuestión al ámbito de la autonomía pedagógica, de organización y de gestiónreconocida a cada uno de los centros educativos en virtud del artículo 120 dela Ley Orgánica de Educación.
El Procurador del Común analizó laregulación en otras comunidades y detecto que la mayoría se remiten a la autonomíade cada centro, salvo Castilla-La Mancha cuya Ley 5/2014, de 9 de octubre, deProtección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, establece en suartículo 22.4, entre los deberes de ciudadanía de los menores, que “Losmenores no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivosde comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstosexpresamente en el proyecto educativo del centro o en situacionesexcepcionales, debidamente acreditadas”. También desde el Gobierno de laComunidad de Madrid se ha anunciado la intención de prohibir el uso de losteléfonos móviles en los centros educativos mediante una norma autonómica.
Con todo, el uso o tenencia de aparatosde telefonía móvil o similares, además de las ventajas pedagógicas que puedenrepresentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los términos que hadestacado la UNESCO, también tiene ciertos inconvenientes, en particular cuandonos enfrentamos al uso que pueden hacer los menores y los adolescentes, como sepone de manifiesto en el Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de losservicios móviles por los menores españoles, publicado en el mes de abril de2010 con la participación del INTECO (ahora INCIBE). Dichos riesgos pasan porel uso excesivo y la adicción, amenazas a la privacidad, acceso a contenidosinapropiados, prácticas de distintas modalidades de acoso, interrupciones ydistracciones que impiden seguir las clases con normalidad, colisión dederechos ante actuaciones de tipo disciplinario, etc.
Con todo ello, el Procurador del Comúnconsidera que es una cuestión que no debe quedar sin más en el contexto de laautonomía de cada centro educativo, sino que, precisamente, debería abrirse undebate, con la participación de todas las instancias de la comunidad educativa,y, en particular, de los Consejos Escolares, equipos directivos, profesorado yasociaciones de padres, para determinar si es procedente y necesaria unanormativa sobre el uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativosde la Comunidad que facilite seguridad jurídica, o el establecimiento por partede la Consejería de Educación de directrices comunes para todos los centroseducativos de la Comunidad en lo referente a dicha cuestión, en los términosque parece estar demandándose desde algunos equipos directivos de Institutos,los cuales tienen una percepción más directa, cercana e inmediata de laproblemática que puede estar produciéndose en contextos reales.