La procuradora de Podemos por la provincia de Salamanca, Isabel Muñoz, ha solicitado a la Junta de Castilla y León la documentación relativa a los conciertos, contrataciones y convenios que dicha Consejería ha suscrito durante el año 2016 con centros y hospitales privados.
Explica que sólo desde el año 2010, la Consejería de Sanidad ha pagado a centros y hospitales privados por los conciertos suscritos con ellos más de mil millones de euros, aunque pueden ser más. Por otro lado, estaría el canon que la Junta de Castilla y León tiene que pagar a la empresa Eficanza por el Hospital de Burgos, construido con el modelo de explotación público-privada, el cual no deja de incrementarse y de lastrar las inversiones y el mantenimiento de la sanidad pública en el conjunto de la región.
En palabras de la procuradora de Podemos, "no es de recibo que en estos años de crisis, en los que el Partido Popular aplicaba fuertes recortes a la Sanidad Pública, diera a ganar a la privada tan suculentas ganancias".
Añade que "si de verdad el Partido Popular apostase por una sanidad pública, universal, equitativa y de calidad, con estos más de mil millones hubiera aumentado las plantillas y disminuido la precariedad laboral y hubiera también ampliado los recursos humanos, materiales y técnicos. Pero no, sigue fiel a su línea, como así lo corrobora la gestión seguida por los gerentes y demás puestos designados".
Isabel Muñoz pone como ejemplo que "lo vemos a diario en el Hospital Clínico de Salamanca: cierre de camas, falta de previsión y planificación, masificación en las plantas con el consiguiente perjuicio para la salud al mezclar pacientes de distintas patologías, arbitrariedades en la rotación que derivan en el empeoramiento de la asistencia, acumulaciones por falta de sustituciones que llevan a los profesionales al agotamiento, saturación en las consultas y en las urgencias, listas de espera, etcétera".
Y concluye: "No se trata de cuestiones puntuales, como siempre apunta el Consejero de Sanidad, son el resultado o los efectos de una política determinada, una política que considera la salud como un bien más del mercado y que utiliza el dinero público más con la intención de mantener empresas privadas que de lograr un mejor servicio al conjunto de la ciudadanía".
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