Agentes de la Policía Local de Salamanca han impedido la okupación de una vivienda situada en el barrio de La Vega. Los agentes lograron que un grupo de personas no pudieran acceder a la casa cuando ya se encontraban instalándose en el domicilio y llevando muebles.
Los hechos, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS, tuvieron lugar en la tarde de este miércoles. A las 15:00 horas, una patrulla que se encontraba realizando labores de vigilancia por las calles de los barrios trastormesinos de la capital salmantina comprobó que, en la plaza del Mar del barrio de La Vega, un grupo de personas se encontraban sacando muebles de un camión y metiéndolos en una vivienda de la zona.
Mientras realizaban la descarga del camión, los agentes sospecharon del grupo de personas, y les pidieron información sobre lo que estaban realizando. Estas personas manifestaron que habían alquilado la casa pero no tenían contrato de alquiler que poder mostrar, todo había sido verbal. Los agentes entraron en el inmueble y comprobaron que estaba vacío salvo por las pertenencias que habían ido dejando este grupo de personas, por lo que iniciaron una investigación en el lugar.
Por las pesquisas realizadas, los agentes municipales comprobaron que la vivienda pertenecía a una entidad bancaria y en ningún momento lograron contactar con la persona que, según el grupo de personas, les había alquilado el piso. Los policías procedieron a cerrar la casa y obligaron a los falsos inquilinos a marcharse del lugar, iniciando las correspondientes gestiones para informar de lo sucedido y poner el caso en conocimiento del Juzgado pertinente.
A vueltas con los criterios frente a las okupaciones y el desalojo "inmediato"
Este hecho acontecido en Salamanca es sólo uno más de las okupaciones que ocurren en Salamanca al cabo del año. En estos días, este tema está siendo muy tratado por parte de los partidos políticos a nivel nacional y diversas instituciones, generando algunas polémicas.
Sin ir más lejos, el Ministerio del Interior ha unificado los criterios de actuación frente a la okupación tanto de la primera como de la segunda vivienda ordenando a los policías que elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. En adelante, dejarán constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua.
Así consta en la instrucción con el 'Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles' que ha firmado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y que el miércoles avanzó en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según explican fuentes de Interior, el protocolo recoge "pautas sencillas y directas" para las actuaciones operativas de policías, en respuesta a la reciente Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado instando a que se agilicen las medidas cautelares para proceder al desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada.
Para ello será fundamental que la fuerza actuante elabore atestados lo más completos posible y que incorporen testimonios in situ de vecinos o pruebas como fotografías o vídeos de una puerta forzada. También se pedirá una inspección ocular en la finca con detalle y anotar posibles delitos conexos como coacciones y amenazas a vecinos, así como otras irregularidades como apropiarse de luz y agua ajena. El objetivo es limitar la necesidad de aclaraciones posteriores a requerimiento de fiscales y jueces.
Las citadas fuentes entienden que los agentes, a partir de ahora, serán "más proactivos sin descuidar el cumplimiento de la ley o generar otras injusticias". Desde Interior no creen que haga falta un cambio legislativo para actuar contra la "percepción subjetiva de inseguridad" que rodea a la 'okupación' --ha crecido un 5% en el primer semestre de 2020, pero baja si se compara con el dato anual-- y que lo que se hace ahora es "generar seguridad y eficacia a la actuación policial unificando criterios en toda España".
La Fiscalía General también dicta instrucciones
La Fiscalía General del Estado ha dictado esta semana una instrucción en la que indica a los fiscales cómo actuar para frenar "con la mayor inmediatez" las okupaciones de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.
Tal y como informa El Mundo, el escrito analiza los delitos de allanamiento (cuando el inmueble es una vivienda habitada) y de usurpación de inmueble (cuando no es ni primera ni segunda residencia) y marca las pautas que debe seguir el fiscal cuando tenga noticia de su comisión. La instrucción hace especial referencia "a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada".
La instrucción tiene por objeto que los fiscales "refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento".
La intención es que se reclame la expulsión de los okupas siempre que sea posible y cuanto antes. También indica cómo deben actuar los fiscales para recabar de forma rápida la información que les permita reclamar en el juzgado la medida cautelar.
El escrito firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resalta que se puede pedir que se restituya el inmueble en cualquier fase del caso, desde la inicial noticia proveniente de la Policía hasta la fase de juicio.
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