En las últimas semanas, a partir de la situación deemergencia sanitaria que padecemos y de la declaración del estado de alarma, elProcurador del Común no solo está recibiendo quejas relacionadas con losproblemas generados por el covid-19, sino que, atento a la dura realidad queviven los ciudadanos de la Comunidad, ha promovido desde el inicio de lasituación numerosas actuaciones deoficio, de las cuales algunas de las últimas tienen que ver con el esfuerzoterapéutico que merecen las personas mayores, como colectivo que se está viendoafectado en mayor medida por la enfermedad, y con los efectos de la pandemiasobre las personas que residen en el en el medio rural de la Comunidad.
Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicaciónsobre el hecho de que alguna Comunidad Autónoma, al parecer, había recomendadoa los profesionales sanitarios limitar el esfuerzo terapéutico destinado a losmayores de ochenta años, con objeto de priorizar la atención de quienestuvieran, en razón de la edad, mayor esperanza de vida, la Procuraduría se hadirigido a la Consejería de Sanidad para conocer si hay protocolos de actuacióny en qué sentido sobre un asunto que es considerado de extraordinariaimportancia por el Procurador del Común, en cuanto defensor de los derechos detodos los ciudadanos y, en especial, de quienes se encuentran en situación demayor vulnerabilidad, como, sin duda, es la población de la tercera edad.
Sobre esa base, además, se ha pedido a la citada Consejeríala realización de todos los esfuerzos humanamente posibles para que no se privea ningún ciudadano del tratamiento requerido para curar la enfermedad, conindependencia de la edad.
Con posterioridad al inicio de esta actuación de oficiopromovida por el Procurador del Común, el Ministerio de Sanidad ha dado aconocer un Informe sobre Aspectos Éticos en Situaciones de Pandemia: el SARS-CoV-2,que incide en las cuestiones consideradas por la Defensoría para que lasdecisiones que se adopten estén presididas por los principios de equidad, nodiscriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia.
Con referencia a los especiales problemas que se derivan dela pandemia, la Defensoría también ha actuado de oficio para conocer si hay unaparticular prevalencia de la infección por Covid-19 y con qué efectos en elmedio rural, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión demográfica,envejecimiento y afectación pluripatológica de una parte importante de lapoblación que reside en los municipios rurales de la Comunidad, así como eldesplazamiento que muchos ciudadanos han realizado desde las ciudades hacía lospueblos durante la situación de confinamiento; con objeto de que laAdministración sanitaria, considerando lo anterior, haga una descripción yvaloración de los medios humanos y materiales que está empleando para prestarel servicio de salud en el medio rural en las actuales circunstancias.
Por último, otra de las actuaciones recientemente promovidaspor el Procurador del Común se justifica en las dificultades a que tienen queenfrentarse los estudiantes de los diferentes niveles educativos medios ysuperiores que, una vez suspendida la actividad educativa presencial, han regresadoa sus pueblos, para confinarse en sus casas, desde las que han de continuar suformación y, en su caso, someterse a la evaluación de conocimientos; en muchoscasos con escasos medios tecnológicos y, sobre todo, cuando se trata depequeñas localidades, con el inconveniente que supone carecer de conexión ainternet o ser de mala calidad; situaciones sobre las que la Defensoría hallamado la atención de la Consejería de Educación y de las cuatro Universidadespúblicas de la Comunidad para que arbitren las soluciones que garanticen elderecho a la educación y la igualdad de oportunidades de estos alumnos.