La ocupación ilegal de viviendas, tal y como afirman los procuradores del PP, se está convirtiendo en un problema para los ciudadanos, "que observan con indefensión cómo cada día se incrementa el número de denuncias ante la pasividad de un Gobierno tolerante con la inseguridad y la desprotección que sufren los propietarios".
Ante esta situación el Partido Popular, "defensor de los derechos de los propietarios y poseedores de viviendas", según los procuradores salmantinos, ha puesto en marcha una serie de mecanismos para exigir que el Gobierno tome medidas ante el preocupante fenómeno de la okupación.
Entre estas medidas, por lo tanto, se encuentra la presentada en las Cortes de Castilla y León; una Proposición no de Ley que exige al Gobierno que tome medidas urgentes impulsando una serie de reformas legislativas para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios y legítimos poseedores de viviendas, así como la protección de la convivencia.
Según han apuntado Cruz, Sánchez Bellota y Esteban Ayuso, "es urgente plantar cara a los atentados contra el derecho constitucional de la Propiedad y cada vez más necesario cambiar varias normas, y eso es lo que desde el PP se le exige al Gobierno".
La Proposición No de Ley insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que implemente medidas contra la ocupación ilegal de viviendas y devuelva los inmuebles ocupados; impulse la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia y, por último, mejore la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios, incluyendo varias modificaciones legislativas.
Salvador Cruz ha indicado que en lo que va de año han tenido lugar una veintena de okupaciones en Salamanca y, tal y como informó hace unos días SALAMANCA24HORAS, la Policía Local frustró otra recientemente en el barrio de la Vega.
Plan antiokupación nacional presentado por Pablo Casado
Los procuradores han recordado también el Plan Antiokupación presentado por Pablo Casado la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Se trata, en este caso, de una Proposición de Ley para recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar el inmueble en doce horas tras la okupación, que los okupas no se puedan empadronar y que tanto las comunidades de propietarios como las personas jurídicas puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales.
También, desde el Partido Popular piden consenso político para llegar a un acuerdo "que erradique de una vez por todas" el problema de la okuapación, que en lo que llevamos de año en España ha reistrado 3.700 casos a nivel nacional, el triple que en 2005 y existen 40 denuncias al día.
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