El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha registrado una iniciativa, para su debate y aprobación en el próximo Pleno del Consistorio -que se celebrará este viernes-, en la que se insta al equipo de gobierno del PP para que solicite, a la Secretaría General y a la Intervención municipal, la realización de sendos informes donde se analice, desde el punto de vista jurídico y desde el económico y financiero, la posibilidad de municipalizar el servicio público de transporte de viajeros de autobús urbano que el Ayuntamiento gestiona de forma indirecta a día de hoy.
Eso informes, según consideran los socialistas, deberán contener una valoración de las distintas fórmulas posibles para la gestión del servicio desde el Ayuntamiento, así como las consecuencias jurídicas laborales para los trabajadores y trabajadoras del servicio, que permitan la elección por una u otra forma de gestión, la pública o la de volver a externalizar la prestación del servicio.
El Grupo Municipal Socialista, además, recuerda que el Ayuntamiento de Salamanca viene prestando mediante la fórmula de la concesión de servicios con empresas privadas el servicio público de transporte de viajeros de autobús urbano en la ciudad y, “como es conocido, el contrato actual se encuentra anulado por sentencia judicial con fecha del 15 de marzo de 2018 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sentencia que adquirió firmeza una vez rechazado el recurso presentado por parte de la empresa adjudicataria ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo”.
Esta circunstancia “ha supuesto que el Ayuntamiento de Salamanca se haya visto obligado a abrir un nuevo concurso para la concesión del citado servicio” y, por tanto, a juicio del PSOE, es un momento propicio para analizar la viabilidad de gestionar directamente el servicio o continuar prestándolo de manera indirecta.
Los concejales socialistas consideran que cualquier decisión al respecto debe tomarse con las máximas garantías, además de estar apoyada y respaldada con datos objetivos y concretos que analicen la mejor opción y tengan en cuenta la situación jurídica individualizada del personal que hasta la fecha viene prestando servicios en la empresa adjudicataria. “Cualquiera de las dos opciones tiene que incluir fórmulas que garanticen la subrogación de todos los trabajadores que en la actualidad vienen prestando este servicio”, aseguran.
Por último afirman que el objetivo es, en cualquier caso, “garantizar desde un punto de vista jurídico, económico y financiero y laboral, que la decisión que se tome redundará de forma positiva en el interés general y en beneficio tanto de la ciudad, como de los trabajadores y los usuarios del servicio”.
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