El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca plantea una extensa batería de medidas encaminadas a mejorar los pliegos de licitación del servicio de ayuda a domicilio con el fin de tener en cuenta los cambios sociales que se han producido durante los últimos años en la manera de abordar la atención a las personas mayores y contribuir así a aumentar su calidad de vida y su bienestar.
El envejecimiento lleva asociado la pérdida de capacidad para realizar actividades de la vida diaria fundamentales como son la alimentación, el aseo, el cuidado sanitario o la realización de trámites administrativos. En muchas ocasiones, son los familiares quienes afrontan y palian el aumento de la dependencia de las personas mayores pero, en otras, las obligaciones laborales de los cuidadores familiares o la ausencia de ellos provocan la necesidad de atención por parte de profesionales.
El servicio de ayuda a domicilio es la respuesta de las instituciones para atender de forma integral la subsistencia, autonomía y bienestar físico, psicológico y social de la persona mayor a través de un catálogo de servicios y prestaciones que especifica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En concreto, el Ayuntamiento de Salamanca tiene privatizado el contrato correspondiente a este servicio desde abril de 2018 y prorrogado hasta el próximo mes de abril de 2022, en que quedará definitivamente suspendida la relación con la empresa adjudicataria AZVASE.
El Consistorio, por tanto, dispone de menos de un año para desarrollar los nuevos pliegos de licitación del servicio de ayuda a domicilio y aprobarlos en sesión plenaria. Para contribuir a su mejora, el Grupo Municipal Socialista ha entregado al equipo de Gobierno más de 50 propuestas que previamente ha compartido y puesto en común con representantes y miembros de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) en un encuentro presencial desarrollado en la sede de este organismo.
Principalmente, los concejales del PSOE piden establecer criterios claros de control de calidad en la atención a las personas mayores y dependientes y que solo puedan participar en la licitación empresas especializadas en servicios sociales, que cuenten con más de un 50 % de personal auxiliar con estudios en atención sociosanitaria y disponga de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales y técnicos informáticos, entre otros perfiles específicos.
Además, señalan que es imprescindible poner fin a la precariedad laboral y apostar por una contratación de calidad de trabajadores con el objetivo de dignificar su profesión. Para ello, es preciso garantizar la igualdad efectiva en condiciones y salarios y la conciliación de la vida laboral y familiar, con inclusión de los tiempos de desplazamiento entre domicilios reconocidos como tiempo efectivo de trabajo, con tiempo de descanso durante la jornada laboral y reconocimiento del trabajo en festivos remunerado de forma apropiada.
A mayores, piden valorar que la empresa tenga sede física en la ciudad de Salamanca, así como la dotación de prestaciones complementarias: instalación de ayudas técnicas en el hogar; apoyo especializado para el desarrollo de terapias y actividades de mantenimiento físico, psicológico, cognitivo y prevención de demencias; el apoyo de un segundo profesional para situaciones de extrema gravedad, por ejemplo, de movilidad reducida o alteraciones graves de conducta, sin modificar la retribución del auxiliar principal como ocurre ahora; estancias temporales de recuperación excepcional en centros especializados; programas de acompañamiento y recogida de información en citas médicas; servicios de podología y peluquería, o servicio de comida a domicilio en diferentes modalidades a petición del usuario, entre otras.
A juicio de los socialistas, la adjudicación del servicio debería decidirse de manera prioritaria sobre criterios de relación entre calidad/precio y no en función de la concesión más barata. En un servicio sensible a la calidad de vida de las personas dependientes, afirman que el aspecto económico no debería tener un peso mayor del 20 % y sí deberían existir directrices claras para garantizar un servicio de calidad y ofrecer una atención integral a la salud, procedimientos de gestión eficiente y compromisos de mejora cuantificados. Si ninguna empresa alcanza el baremo de calidad fijado, señalan que deberá contemplarse una posible remunicipalización, como ha ocurrido en otras ciudades.
Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista exige mayor transparencia en el reconocimiento de beneficiarios del servicio. La oferta debe ser amplia en la consideración de derechos asistenciales, amparando al máximo de personas posibles y en el menor tiempo posible de respuesta. Para ello, piden evitar el procedimiento de cupos para iniciar la prestación en un máximo de entre 1 y 3 días desde la concesión e incorporar como beneficiarios a quienes reúnan los requisitos de acceso sin esperar a la autorización de la Junta de Castilla y León. Tras la evaluación en los CEAS de las prestaciones necesarias en cada caso a través del Programa Individualizado de Atención, el solicitante no debería estar más de seis meses en lista de espera si cumple las condiciones para ser beneficiario.
Una vez concedida, apuntan que sería recomendable actuar con celeridad para comenzar y normalizar la prestación a través de servicios especializados en terapia ocupacional y salud mental que realicen informes de evaluación sobre las necesidades de adaptación de la vivienda, mejoras técnicas para el desarrollo de las actividades de la vida diaria e intervención especializada en prevención de problemas emocionales. Del mismo modo, al inicio se debe proceder a la limpieza general de la vivienda por un servicio especializado y establecer el servicio de respiro puntual cuando hay colaboración familiar.
Además, los socialistas proponen que el Ayuntamiento de Salamanca arbitre partidas económicas municipales para poder asistir a quienes los baremos de la Junta no amparan, es decir, a personas con dificultades en el desempeño de actividades básicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a familias con déficits en la atención a menores por enfermedad física o psíquica o por sucesos vitales traumáticos y a personas con una quiebra temporal en el sistema normalizado de vida que pueda convertirse en irreversible.
Por otro lado, consideran que existe un amplio margen de mejora en la gestión del servicio a nivel tecnológico y proponen la puesta en marcha de una aplicación informática que permita realizar el seguimiento, control y evaluación de las prestaciones sociales y recoja los protocolos de intervención en situaciones concretas, como en el acceso al domicilio en caso de caídas y accidentes o en episodios de maltrato, conflicto o negligencia, así como un sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias por parte de los usuarios y sus familias.
Por último, el Grupo Municipal Socialista plantea entre sus principales propuestas para mejorar el servicio de ayuda a domicilio la cooperación con entidades de investigación en el ámbito de cuidados de personas dependientes de la provincia de Salamanca (CRE Alzheimer, CRMF e INICO, entre otros), el fomento de la cultura de la innovación social y tecnológica en las empresas sociosanitarias, un plan de admisión de estudiantes en prácticas tanto de formación profesional como de grado y postgrado de este campo y un plan de formación de cuidadores no profesionales de la red de apoyo a las personas en riesgo de dependencia.
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