El PSOE sigue sin presentar la corrección de la ley de publicidad institucional que perjudica a los medios más pequeños

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la Junta ha recibido esta semana el informe del Consejo Consultivo relativo a la aplicación de la nueva ley de publicidad institucional, la primera en la historia de la Comunidad que logra sacar adelante la oposición, y que impide que la aportación pública supere el 33 por ciento del importe neto de la cifra anual de negocio de los medios de comunicación.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo indicó que ya tenían el informe del Consultivo, que pidieron días después de la entrada en vigor de esta norma, lo que se produjo el pasado 12 de julio. Entonces, el Ejecutivo pidió al Consejo que aportara claridad jurídica sobre la interpretación de distintos preceptos de la ley ante su trascendencia jurídica y práctica.

Al respecto, el consejero recordó que desde el Grupo Socialista se anunció que presentarían una proposición de ley para corregir la nueva regulación en lo relativo a la limitación de la publicidad institucional, algo que según puso de manifiesto no se ha producido ni en julio, ni ahora en septiembre, tras el inicio de este periodo de sesiones en las Cortes.

Igualmente, el consejero portavoz señaló que la Junta está a “expensas” de que el Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública certifique la existencia de espacio radioeléctrico para poder sacar a concurso un segundo canal autonómico, en línea como lo fijado también en la nueva ley de publicidad institucional.

Por otra parte, Fernández Carriedo aseguró que la Comisión de Seguimiento de la TDT, en la que participan la Junta y los grupos parlamentarios, se encarga de revisar el cumplimiento del contrato programa con Radio Televisión Castilla y León, no de analizar si se ejecuta el convenio colectivo. Así respondió a las críticas de la oposición a que no se haya puesto en marcha un grupo de trabajo para evaluar que se está llevando a cabo el acuerdo sobre la financiación y la mejora de las condiciones laborales y materiales en la empresa.