Refuerzo económico para los municipios de menos de 20.000 habitantes de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha aprobado el reparto de 20 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial correspondiente a 2026, una medida que sirve para financiar a las entidades locales y que también tendrá efectos directos en provincias como Salamanca, especialmente en el medio rural. La decisión se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) del 24 de abril, dentro de una orden de la Consejería de la Presidencia que fija la cuantía que corresponde a cada ayuntamiento.

El Fondo de Cohesión Territorial constituye uno de los principales instrumentos de financiación autonómica para los municipios, especialmente aquellos con menor población o mayores dificultades estructurales. Su objetivo es compensar desequilibrios territoriales y garantizar la prestación de servicios públicos básicos en igualdad de condiciones en toda la comunidad.

Según recoge el documento oficial, la orden establece el reparto económico entre las entidades locales conforme a criterios previamente definidos, como la población, la dispersión geográfica o las necesidades específicas de cada territorio. Este sistema busca asegurar que los recursos lleguen de forma proporcional a los municipios con mayores dificultades, una circunstancia especialmente relevante en provincias como Salamanca, caracterizadas por la despoblación y el envejecimiento.

El reparto se organiza en función del tamaño de los municipios, con condiciones diferenciadas:

• Municipios de menos de 1.000 habitantes: reciben financiación de carácter más flexible. La ayuda puede destinarse tanto a inversiones como a gasto corriente o necesidades financieras. En estos casos, la Junta financia aproximadamente el 50 % del proyecto, mientras que el resto se completa con aportaciones de diputaciones y ayuntamientos.
• Municipios entre 1.000 y 20.000 habitantes: las ayudas están condicionadas a la realización de inversiones sostenibles, como infraestructuras básicas o equipamientos públicos. La financiación autonómica puede alcanzar hasta el 75 % del coste del proyecto, obligando a los ayuntamientos a aportar al menos el 25 % restante.
• Municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones: los fondos se dividen en dos grandes bloques. La mitad debe destinarse a inversiones sostenibles, mientras que la otra mitad se orienta a proyectos vinculados al reto demográfico, como la creación de empleo o la fijación de población en el territorio.

En el caso salmantino, donde predominan los pequeños municipios, estas transferencias resultan fundamentales para sostener servicios esenciales como el mantenimiento de infraestructuras, la atención social o la gestión administrativa local. En muchos ayuntamientos, el Fondo de Cohesión Territorial representa una parte significativa de sus ingresos anuales, lo que condiciona directamente su capacidad de actuación.