Riesgo invisible en Salamanca: hasta diez consultorios rurales superan peligrosamente los niveles de gas radón

El gas radón es un elemento natural que emana del suelo y puede acumularse en el interior de los edificios, especialmente aquellos más antiguos o con deficiente ventilación

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Bomberos de la diputación
Bomberos de la diputación

Una reciente investigación ha revelado niveles "alarmantes" de gas radón en varios consultorios rurales de la provincia de Salamanca, llegando a superar hasta seis veces el límite de 300 bequerelios por metro cúbico recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos datos se desprenden de mediciones realizadas entre 2021 y 2022 en diversos centros de trabajo de Castilla y León, que pusieron de manifiesto la preocupante presencia de este gas radiactivo en la región. En el caso concreto de Salamanca, hasta diez consultorios ubicados en zonas rurales arrojaron cifras significativamente por encima del umbral de seguridad.

El gas radón es un elemento natural que emana del suelo y puede acumularse en el interior de los edificios, especialmente aquellos más antiguos o con deficiente ventilación.

La exposición prolongada a este gas inodoro e invisible está directamente relacionada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. La OMS estima que por cada aumento de 100 bequerelios por metro cúbico en la concentración de radón, el riesgo de cáncer pulmonar se incrementa en un 16 por ciento.

Ante esta situación, que se califica como "grave", se ha puesto en marcha una iniciativa divulgativa para informar y sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos del gas radón y las posibles soluciones. Esta herramienta busca explicar de manera accesible y directa un problema de salud laboral considerado de "primer orden" en los entornos de trabajo afectados.

La preocupación se centra especialmente en los centros de trabajo del medio rural, donde las características de las construcciones podrían favorecer una mayor concentración de este gas. Se insiste en la necesidad de que las administraciones competentes tomen medidas concretas y urgentes para garantizar entornos laborales seguros y proteger la salud de los trabajadores expuestos a estos elevados niveles de radón.

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