El 19 de julio de 1936, un día después del golpe militar cuyo fracaso dio inicio a la Guerra Civil, tuvo lugar en Salamanca un acontecimiento que supuso la primera manifestación de violencia de las fuerzas sublevadas contra la población civil en la península. Se trata del conocido popularmente como Tiro de la Plaza, un incidente ocurrido en la Plaza Mayor, en el que un destacamento de militares abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraban en el ágora, como respuesta a otro disparo que había efectuado otro civil.
Como consecuencia de la ráfaga de metralla murieron en el acto cinco salmantinos, entre ellos una niña de 14 años, mientras que en los días siguientes fallecieron en los hospitales por las heridas otros seis civiles más. El Tiro de la Plaza ejemplifica, sin embargo, que Salamanca no se entregó a los sublevados con los brazos abiertos y sin oponer resistencia, ya que el incidente supuso un relevente derramamiento de sangre y dio pie a la gran redada realizada inmediatamente después, que llevó a la cárcel a numerosas personas en pocos días y a otros les condujo directamente a la muerte, a través de detenciones ilegales y posteriores asesinatos.
El historiador de la Universidad de Salamanca, Severiano Delgado, realizó en 2011 una crónica de lo acontecido en aquellos días, que desgrana las 24 horas en las que Salamanca pasó de ser una ciudad que mantenía el orden constitucional, a una plaza adherida a la sublevación.
El 18 de julio de 1936, los salmantinos vivían la normalidad de un sábado veraniego, a pesar de las noticias que, a través de la radio, comenzaban a llegar sobre lo acontecido en el Norte de África y que confirmaban los rumores de la inminencia de un golpe de Estado que se habían difundido días antes. A primera hora de la noche se reunieron en el gobierno civil —que estaba situado en la calle Prior— el gobernador Antonio Cepas López, el alcalde, el diputado socialista José Andrés y Manso y el comandante militar de Salamanca, el general Manuel García Álvarez. García Álvarez manifestó a los asistentes su lealtad al orden constituido y aseguró que existía una absoluta calma en los regimientos de la ciudad.
Salamanca pertenecía a la VII División Orgánica, con cuartel general en Valladolid, y la guarnición de la ciudad del Tormes estaba formada por el regimiento de infantería La Victoria, y el regimiento de caballería Calatrava, cuyos jefes formaban parte de la conspiración militar. Pese a que los civiles que participaron en la reunión quedaron tranquilos con las palabras del general, el diputado Manso trató de organizar cierta resistencia repartiendo algunas pistolas en su propio domicilio a algunos militantes de izquierdas.
Sin embargo, para la hora en la que tenía lugar la reunión, Valladolid había caído en manos de la rebelión y se había declarado el estado de guerra. A las diez y media de la mañana del día siguiente e informado de lo ocurrido en Valladolid, el general García Álvarez llamó por teléfono al gobernador civil de Salamanca y le explicó su decisión de sumarse al movimiento y declarar el estado de guerra. Media hora después, accedieron a la Plaza por la calle Toro un escuadrón de caballería y un piquete de infantería. Pese a que el ágora estaba repleta de gente, los ciudadanos no sabían si los soldados estaban del lado del Gobierno republicano o se habían sublevado.
En la Plaza se encontraba un grupo de militantes de las Juventudes Marxistas Unificadas al momento en el que los militares tomaban posiciones. Un capitán, montado a caballo, leyó el bando de declaración del estado de guerra, que finalizó con un "Viva España", aunque al momento ese grito fue contestado por un "Viva la República" y por un "Viva la revolución social", al tiempo que un disparo procedente del interior de los soportales hirió al cabo Julián Riaño Álvarez. De inmediato, el piquete de soldados abrió fuego contra la multitud, resultando muertos cinco hombres y una niña. La Cruz Roja se hizo cargo de la atención a las víctimas del tiroteo.
La muchedumbre abandonó la Plaza Mayor y la transmisión de poderes se realizó sin más incidentes.
Las víctimas
El gobernador Antonio Cepas fue sometido días después a un consejo de guerra y condenado a una multa de 5.000 pesetas. El alcalde Casto Prieto y el diputado José Andrés y Manso fueron detenidos el 21 de julio y, siete días después, fusilados en el encinar de La Orbada. El grupo de las Juventudes Marxistas que se encontraba en la Plaza fue acusado de ser autor de la agresión contra los militares que desató los disparos. Tres de ellos fueron fusilados y los otros dos fueron detenidos en sus casas y desde entonces se encuentran desaparecidos.
Heliodoro Benito López, albañil de 25 años; Modesto Varas Gabriel, industrial de 51 años; Abel Sánchez Delgado, médico de 24 años; Francisco Coca y Coca, industrial de 58 años y Celestina Sierra Polo, de 14 años, murieron en la Plaza aquel 19 de julio. En los días siguientes fallecieron en los hospitales a consecuencia de las heridas: Andrés Lorenzo Candelario de 43 años; Luciano Sánchez Mateos de 25 años; Tomás de las Heras Martín de 27 años; Alejandra Mediero Medina de 23 años; Feliciano Pérez Diéguez de 22 años y Serapio Escribano Pérez de 45. La Plaza Mayor de Salamanca jamás ha albergado un homenaje oficial a su memoria.
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