La provincia de Salamanca fue el epicentro de la operación ‘Zimersa’, una de las mayores actuaciones policiales contra la trata con fines laborales realizadas el pasado año en Castilla y León. La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de Salamanca y Asturias, permitió desmantelar una red compuesta por seis personas que operaban bajo la apariencia legal de una empresa de asistencia domiciliaria, con sede principal en Salamanca y sucursales en Valladolid, Gijón y Cantabria.
La organización explotaba laboralmente a mujeres de origen latinoamericano en situación administrativa irregular, seleccionadas por su vulnerabilidad y falta de recursos. Las víctimas eran destinadas a trabajos en pequeñas localidades, lo que dificultaba su contacto con otras personas y su posibilidad de denunciar. Además, sus identidades no se correspondían con las que figuraban en los contratos, impidiéndoles cualquier cobertura legal o sanitaria. Se les impedía acudir solas al médico y eran sometidas a condiciones laborales abusivas, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Este caso es parte de una tendencia al alza que preocupa a las autoridades: las víctimas de explotación laboral liberadas en Castilla y León pasaron de 16 en 2020 a 121 en 2024, a las que se suman otras 46 víctimas de trata con fines laborales, según el último informe del Ministerio del Interior. En total, fueron detenidas 53 personas en la comunidad por estos delitos.
Salamanca ha sido clave en este avance policial, en una comunidad que se ha situado ya como la tercera en número de víctimas liberadas, solo por detrás de Islas Baleares y Andalucía. Las inspecciones también se han incrementado notablemente: en 2024 se realizaron 464 inspecciones administrativas en Castilla y León, un 34 % más que el año anterior, y se triplicó el número de trabajadores investigados.
La operación ‘Zimersa’ ha evidenciado la existencia de redes organizadas que se aprovechan de la situación precaria de personas migrantes, especialmente mujeres, en sectores tan sensibles como el empleo doméstico y los cuidados. Las fuerzas de seguridad insisten en la necesidad de reforzar los controles, aumentar la concienciación social y garantizar vías seguras y legales de empleo.
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