Salamanca, en los papeles del 23F que ha desclasificado el Gobierno

La desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de estado del 23F y su publicación este miércoles ha causado una gran expectación por conocer toda la documentación que hasta ahora había sido secreta. Entre los 153 documentos, que se han publicado en la web de La Moncloa y que ya pueden consultarse, se encuentran documentos del Ministerio del Interior, de Defensa, de Exteriores, de la Guardia Civil con diversas transcripciones de distintas conversaciones telefónicas y de la Policía Nacional.

Es en estos últimos, en los documentos aportados por la Dirección General de la Policía, donde Salamanca aparece. En concreto, en dos informes de la Comisaría General de Información que recogen los reportes de las distintas jefaturas superiores de la policía sobre la situación en las distintas regiones y las acciones de protesta previstas tras la ocupación del Congreso de los Diputados. Se trata de informes fechados los días 25 y 26 de febrero que hacen un recopilatorio de la situación en las distintas provincias.

En el caso de Salamanca, es la Jefatura Superior de la Policía de Valladolid quien remite la situación en Salamanca. Así, el día 25 reportan que hay “normalidad general en la región policial” aunque en Salamanca se ha convocado para ese mismo 25 de febrero, una asamblea de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras en la que el objetivo era tratar la situación tras el fallido golpe de estado. Reporta la Policía Nacional que han participado en ella 300 estudiantes y que finalmente se ha celebrado en la Facultad de Medicina.

También en el informe aparece recogido el mismo día un reparto de propaganda para incitar a una concentración popular por parte de la Liga Comunista Revolucionaria. La protesta estaba prevista a las 20 horas de ese mismo día en la Plaza Mayor. En la propaganda “se exige la depuración de las Fuerzas Armadas”, recoge el documento.

Por otra parte, en el reporte del 26 de febrero, la Jefatura Superior de la Policía de Valladolid informa que en la provincia salmantina los partidos parlamentarios y las centrales sindicales convocan para el 27 una “manifestación popular bajo el lema Por la libertad, por la democracia y por la Constitución”.

Cabe recordar que un año después del 23-F, en agosto de 1982, un semanario tardofranquista, el Actual, comenzó a publicar unas listas negras en las que aparecían las más de 3.000 personas que estaba previsto que fueran asesinadas al día siguiente del golpe de estado, tal y como recogió en 2019 este reportaje de Salamanca 24 Horas. La lista incluía a siete salmantinos La lista de salmantinos señalados por los ultraderechistas que publicaba Actual era corta. Solo la integraban siete personas: los políticos Juan José Melero y Jesús Málaga, Lucía García Hernández, número 1 en la lista del PCE en Salamanca al Congreso en las elecciones generales de 1977; Inocencio García Velasco, catedrático de Derecho Internacional de la USAL y número 2 en la lista del PCE al Congreso en 1977 y número 1 al Senado en las de 1979; el bejarano Miguel Miñana Alonso, número 3 en la lista del PSOE en Salamanca al Congreso en las elecciones de 1977; Gonzalo Rivera Cebrián, número 3 del PCE al Congreso en 1977 y Fernando Galán, catedrático de Biología de la Universidad de Salamanca que recibió la Medalla de Oro de la ciudad en 1985.

Los documentos desclasificados tras ser publicado este mismo miércoles en el BOE el acuerdo del Gobierno corresponden a 153 unidades documentales. Se trata de "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", según la portavoz del Gobierno Elma Saiz. El acuerdo publicado recoge que se trata de "desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado" del 23-F. Y se hace a propuesta de los ministros de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior. En el texto, de tres páginas, se alega que los años pasados desde el intento de golpe de Estado --cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983-- permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique "sin generar ningún riesgo real y presente".