Salamanca va a recibir, sumando los Presupuestos Generales del Estado y los de la Junta, “la mitad” de lo que le llegó hace diez años, en 2011 “cuando ya se estaba saliendo de la crisis de 2008”. Un dato que “llama la atención”, según el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, que ha repasado este jueves en Salamanca la situación socioeconómica desde el punto de vista sindical.
Temprano, acompañado por el secretario general provincial de UGT, Marcelino Muñoz, y los responsables regionales de Administración Autonómica y Sanidad del sindicato, Carlos Arenas y Miguel Holguín, ha realizado un repaso sobre las distintas mesas de diálogo social en el ámbito estatal que afectan a Salamanca.
De esta manera se ha referido a la situación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), en la que recordó que la patronal no ha firmado y que falta por negociar la subida de 2022 y definir la fórmula para que en 2023 el SMI sea de 1.249 euros mensuales, para lo que Temprano ha pedido “valentía al Gobierno” para poder legislarlo.
También ha destacado que el acuerdo en las pensiones “cumple todas las expectativas” de UGT al derogarse la totalidad del sistema de pensiones implantado por el PP en 2013. Por tanto, ha afirmado, se han conseguido los objetivos de revalorizar las pensiones según el IPC y su sustento con el fondo de reserva, “un sistema de financiación -0,5% por empresarios y 0,1% por trabajadores- que “asegura las pensiones actuales y las futuras”. En definitiva, va a ser sostenible el sistema de pensiones públicas y a la vez no hay recortes en la situación actual”.
Sobre los ERTE, donde la mesa de diálogo está abierta, UGT va a plantear al Gobierno que “se sigan manteniendo en el tiempo y no solo hasta el final de la pandemia, sino de cara al futuro para que antes de que una empresa pueda cerrar, se explore la vía del ERTE para que no conlleve pérdida de empleo”.
Respecto a la negociación de la derogación de la reforma laboral, de las que UGT piden que desaparezcan las de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, Temprano ha asegurado que “se ha avanzado poco”, ha instado a alcanzar acuerdos y ha invitado a los empresarios “a no mirar a otro lado” para un nuevo estatuto de los trabajadores “de cara al siglo XXI”.
Si no hay acuerdos en las mesas de diálogo, en materias como el SMI o la derogación de las reformas laborales, UGT no descarta movilizaciones. Además Tempranos ha criticado la actitud "impresentable" de los empresarios, quienes "con un IPC previsto al cinco por ciento, te ofrezcan en las mesas de la negociación un uno por ciento".
La mayoría de los fondos de los presupuestos proceden de Europa
Temprano ha calificado de “expansivos” los Presupuestos Generales del Estado para Castilla y León, aunque ha añadido que “posiblemente sea por el dinero que llega de la Unión Europea”. El secretario general de UGT de Castilla y León ha incidido “en la necesidad de cambiar el sistema productivo”, que pasa por la potenciación de la industria, la economía circular, la digitalización y “entrar definitivamente en la despoblación”.
En cuanto al diálogo social en Castilla y León, las mesas que están abiertas versan, por ejemplo, explicó sobre la nueva ley para que la Renta Garantizada de Ciudadanía sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno que la gestión “sea descentralizada” para “no marear a las personas de una administración a otra y sea una única la que gestione” ambas.
Por otro lado, ha criticado la “disminución” en los presupuestos de la Junta de las partidas destinadas” al plan de empleo para 2022. Sobre el nuevo plan de vivienda, UGT pide que incida en la rehabilitación y en el acceso de los jóvenes.
El presupuesto de la Junta de Castilla y León “es la mayor cantidad económica de la histórica, bate récords”, pero “la mayoría con fondos europeos”, siendo la financiación de la Junta “prácticamente nula; si quitamos el dinero que viene de la UE y el Gobierno central, la Junta pone pocos euros”.
Para Temprano, hay que disponer de “recursos suficientes para los servicios públicos y mantener el estado de bienestar”, así como “servir para cambiar el modelo productivo”, pero criticó que con los presupuestos de la Junta para 2022 no se consiguen dichos objetivos. Es más, “año tras año vemos como las provincias ricas son más ricas y las más pobres, más pobres; no hay cohesión social y territorial”.
Mesa de diálogo en la Diputación
Por otro lado, ha recordado que UGT Salamanca sigue exigiendo a la Diputación que cumpla con “su obligación de convocar la mesa de diálogo social”. La normativa autonómica, según él, incide en que los ayuntamientos de capitales de provincia y las diputaciones provinciales han de constituir este órgano, un paso que la entidad salmantina no ha dado.
“No se puede estar pidiendo dinero y que las instituciones no hagan nada; y más con los problemas graves que tiene la provincia de Salamanca”, como la poca densidad de población y el abandono de los jóvenes de la provincia “a marchas forzadas porque no hay futuro”, una tasa de paro que es la más alta de la región, además de estar en cabeza de la pérdida de población activa, por “el abandono de los jóvenes y la gente de más de 55 años que ha perdido la confianza en el Servicio Público de Empleo”.
Cuentas sanitarias "insuficientes y un completo espejismo"
Por su parte, el secretario de Sanidad de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, Miguel Holguín, ha calificado los presupuestos de la Comunidad en materia sanitaria para 2021 de “insuficientes, irreales y un completo espejismo”. Así, ha criticado que la propuesta de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, solo contemple una subida del 1,9 por ciento, lo que asciende a unos 83 millones de euros de un total de 4.449. Una cuantía que "parece poco" y más teniendo en cuenta que, según sus cifras, el pasado año se destinaba un 7,5 por ciento del PIB comunitario a esta materia y actualmente se vería reducido al 7,05 por ciento.
Ha señalado que presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dio hace unas semanas “un puñetazo en la mesa” respecto a la gestión de Casado, y ahora la consejera le ha devuelto “un bofetón” a las políticas del PP en materia sanitaria durante los últimos ejercicios. "La consejera dijo una verdad irrefutable cuando aseguró en la Comisión de Presupuestos que en legislaturas anteriores las partidas eran claramente insuficientes e imperaba la falta de planificación”. Sin embargo, “acierta en el diagnóstico”, pero “se equivoca en la solución” por su “autárquico modo de proceder”.
“Lógicamente, la sanidad de Castilla y León la tiene que sufragar la Junta con sus ingresos, que para eso es autónoma”, ha subrayado Holguín, que ha criticado que se hayan suspendido algunos impuestos generando beneficios fiscales “para poca gente” por valor de más de 500 millones de euros, dejando de obtener una recaudación con la que “se podría quintuplicar la inversión en sanidad”.
En términos específicos, Holguín denunció que la subida más baja de todos los niveles asistenciales se produce en la sanidad pública y dudó de la financiación de la reforma de la Atención Primaria a la que se iban a destinar 100 millones de euros, preguntándose "de dónde los van a sacar”.
Además ha afirmado que las cuentas no prevén soluciones duraderas para la atención en la sanidad rural ni para la reducción de las listas de espera, tampoco para emergencias sanitarias, donde hay prevista la adquisición de 40 vehículos de soporte vital básico para los que harían falta 325 técnicos "que no existen”.
En la misma línea, Carlos Arenas ha criticado los presupuestos de la Junta en personal de la Administración pública, asegurando que "el esfuerzo presupuestario es nuelo", ya que el incremento en las partidas procede, según él, en un 70% del Estado y un 30 por ciento de Europa. La repercución en los empleados públicos es "prácticamente nula", ha subrayado.
También criticó que casi el 20% de las plazas de empleados públicos de la Administración de Castilla y León (unas 500) están sin cubrir.
Para él, existen "muchas carencias" en los presupuestos para 2022, con lo que la calidad de servicios "no será la adecuada".
Carlos Arenas
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