Salamanca recibirá 7,3 millones de euros de la Junta para financiar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos

Salamanca recibirá 7.310.146,2 euros de la suma del Fondo de Cooperación Económica Local General, FCELG y del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de Castilla y León, FIP que distribuye la Consejería de Presidencia de la Junta.

Esta cuantía es resultado de la suma de los dos fondos que, al comienzo de cada año, la Consejería de la Presidencia distribuye entre los 2.248 ayuntamientos y las 9 diputaciones Provinciales de la Comunidad: el Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FIP).

Así, el Ayuntamiento de Salamanca recibirá un total de 1.442.378,87 euros, de los que 306.170,61 son del FIP y el resto del FCELG. Los 362 municipios de Salamanca se repartirán por su parte 5.533.711,89 euros de los que 1.174.564,21 euros son del FIP y 4.359.147,68 euros son del FCELG. La Diputación de Salamanca recibirá 1.776.434,31 euros, 377.079,83 del FIP y 1.399.354,48 euros del FCELG.

Estas cuantías se reparten anualmente entre todas las entidades locales de la Comunidad, tanto para cubrir sus gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado.

Esta comunicación responde al cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Castilla y León de 2014 de financiación local y a la posterior gestión administrativa de estos fondos. Es imprescindible publicar ahora estas asignaciones para poder efectuar las transferencias de los fondos de carácter incondicionado, así como para que, en su caso, las entidades locales dispongan del tiempo necesario para presentar sus solicitudes y que la Administración pueda tramitarlas dentro de los plazos legalmente establecidos, garantizando así la correcta ejecución presupuestaria y la seguridad jurídica del procedimiento.

Fondo de Cooperación Económica Local General

El FCELG permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar y mantener sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a sus vecinos. La dotación final de este fondo es de más de 51,3 millones de euros, que se reparten en función de los criterios recogidos en las bases que regulan estos fondos: número de habitantes, renta per cápita, envejecimiento de la población, carga competencial, número de pedanías, etc. El FCELG está destinado a financiar tres tipos de actuaciones, que se diferencian entre ellas por sus objetivos y beneficiarios.

En primer lugar, se fija en 13,4 millones de euros la cuantía del FCELG destinada a todos los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes. Esta línea tiene carácter incondicionado, lo que significa que estos municipios podrán destinar libremente los fondos recibidos para acometer inversiones, cubrir gastos corrientes, o realizar operaciones de capital o financieras.

Por otro lado, el FCELG destinado a municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes está dotado con 14,9 millones de euros. Este dinero tendrá que ir destinado a inversiones sostenibles, es decir, a infraestructuras y equipamientos municipales mínimos y obligatorios que cumplan con la protección del medio ambiente, la mejora social y la sostenibilidad.

Además, se asignan más de 23 millones de euros al FCELG destinado a municipios de más de 20.000 habitantes (casi 12,8 millones) y a Diputaciones Provinciales (más de 10,2 millones). La mitad de la ayuda asignada a cada una de estas entidades locales se destinará a inversiones sostenibles (con un valor total de más de 11,5 millones de euros), y la otra mitad (otros más de 11,5 millones), a inversiones para desafíos demográficos, es decir, que sean relevantes para avanzar en la creación de empleo y en la fijación de población a lo largo de todo el territorio de Castilla y León.

Este fondo recoge dos cuantías complementarias incluidas dentro de los 51,3 millones: la primera, de algo más de 174.000 euros, que recibirán aquellos municipios que lo precisen, para alcanzar la cuantía la que recibieron con el fondo de la financiación global del año 2014, antes de la entrada en vigor del modelo actual de financiación local. De esta forma, se compensa esa potencial pérdida de recursos.

Además, para garantizar que la cuantía total que perciban las entidades locales a través de los dos fondos del modelo de financiación local sea, como mínimo, igual a la de 2025, se ha establecido una cuantía complementaria transitoria. Esta cuantía, que supera los 1,6 millones de euros, tiene como objetivo minimizar la pérdida de ingresos derivada de la supresión de un impuesto propio de la comunidad: el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. Con esta medida, se compensa el impacto económico de dicha supresión.

Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad

El segundo de los Fondos comunicados hoy en Consejo de Gobierno, el FIP, está dotado con casi 13,8 millones de euros, que percibirán los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León con carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos. Este fondo está actualmente dotado gracias a la recaudación del único impuesto propio que tiene Castilla y León en la actualidad: el impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía.

Los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán casi 7,6 millones de euros. El reparto entre estos municipios se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años, y del número de entidades locales menores del municipio.

Por su parte, los municipios con más de 20.000 habitantes recibirán más de 3,4 millones de euros, repartidos en función de una cantidad fija común y de su población.

Por último, las Diputaciones Provinciales recibirán más de 2,7 millones de euros. Para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.

Las cuantías del FCELG y del FIP aparecerán reflejadas en el BOCyL durante la semana que viene. Las transferencias a aquellas entidades locales que reciban fondos con carácter incondicionado se realizarán de oficio, directamente por la Consejería de la Presidencia, sin que las entidades locales tengan que hacer ningún trámite para su recepción.

En el caso del FCELG, los municipios de más de 1.000 habitantes, los de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales dispondrán de 15 días hábiles para enviar a la Consejería de la Presidencia la solicitud de la ayuda y la documentación correspondiente a través de la página web https://servicios.jcyl.es/wcoe/. En la Orden del BOCyL se explicarán de manera clara los pasos para el proceso de solicitud, así como la documentación que las entidades deberán aportar. Tras la respuesta positiva por parte de la Junta de Castilla y León, las entidades locales beneficiarias recibirán el pago anticipado de la ayuda una vez que se acredite la contratación de las inversiones solicitadas, que deberán estar ejecutadas antes del 31 de diciembre del próximo año, 2027.

Para 2026 se introducen, además, medidas de simplificación y agilización del procedimiento del FCELG. Se consolida el silencio positivo en la aprobación de inversiones: si la Dirección de Administración Local no responde en 15 días hábiles tras la presentación de solicitudes, las inversiones se consideran aceptadas. Además, se facilita la redistribución automática de fondos, de tal forma que los posibles remanentes generados en la acreditación o ejecución de proyectos pueden aplicarse a otros proyectos aprobados para asegurar que se use la totalidad de la ayuda concedida.