La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon, Verónica Casado, descartó hoy que “por el momento” las farmacias hagan los test de antígenos de segunda generación o las pruebas PCR para detectar el COVID-19, aunque admitió que en “breves semanas” esto podría cambiar y su posición probablemente no sea válida.
En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, el procurador de Vox, Jesús García-Conde, planteó que las oficinas de farmacia participen en la labor de identificación, control y seguimiento de los casos de infección por SARS-CoV2 en la Comunidad para descargar de estas tareas a los centros de salud.
“En principio no”, sentenció la titular de Sanidad debido a que tanto los test de antígenos como las PCR requieren la toma de muestra nasofaríngea por un profesional entrenado y un entorno de bioseguridad. Por ello, “a día de hoy”, señaló que no es posible, pero insistió en que “en breves fechas” esto podría cambiar.
García-Conde argumentó que la Atención Primaria sufre un “déficit de personal”, así como una “sobrecarga y enorme presión” asistencial, a lo que se une durante la pandemia las labores de rastreo, las pruebas PCR y el seguimiento e indicación de medidas. En su opinión, las farmacias podrían hacer cribados clínicos de casos leves derivados de los centros de salud, siguiendo la experiencia de Reino Unido. Para ello, reclamó que se establezcan protocolos de trazabilidad y comunicación con el servicio de salud.
Finalmente, la consejera de Sanidad insistió en que el problema no son los farmacéuticos, sino que la Agencia Española del Medicamento no permite que las pruebas no sean hechas por profesionales sanitarios. Además, remarcó que deben ir provistos de bata, gafas y mascarilla FFP2.