El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León hadenunciado mediante una carta al vicepresidente y consejero de Transparencia,Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León,Francisco Igea, la decisión de la Consejería de Familia de continuar con latramitación del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de lasresidencias de personas mayores de Castilla y León.
SATSE le pide a la Consejería de Transparencia unainvestigación de la motivación existente por parte de la Consejería de Familiae Igualdad de Oportunidades en la publicación de un nuevo Decreto deResidencias, dado el beneficio económico que supone a las empresas privadas endetrimento de la calidad de los cuidados prestados a nuestros mayores y delcoste que supone para el Servicio público de Salud de Castilla y León.
También le exige una investigación en relación al elevadonúmero de camas de residencias de ancianos públicas en Castilla y León, más de400, que permanecen cerradas desde hace años con la consecuente necesidad dederivación de las personas dependientes a residencias privadas.
La Consejería de Familia continúa con la tramitación de lamodificación de dicho Decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia delTribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba el Decreto quepublicó la Junta en el 2017 y ante esto, SATSE denuncia que este nuevo Decretose pretende volver a publicar sin modificaciones eliminando la obligatoriedadde tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León. Apartir de 2024 solo tendrán enfermera (una a media jornada de lunes a viernes)las residencias con más de 100 residentes, cuando la anterior normativaestablecía 1 enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios o 20 enfermeraspor cada 300).
SATSE afirma que la Consejería de Familia lo justifica consu intención de implantar el modelo “mi casa” sin tener en cuenta que lainmensa mayoría de nuestros mayores residentes en estos centros son personasdependientes. Así, Castilla y León es el territorio más envejecido deEuropa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios; el 25% de su poblaciónsupera los 65 años y el 9,5% los 80 años. Esta población tiene total derecho asu autodeterminación, al desarrollo personal y a las relaciones sociales, perono podemos negar que precisa cuidados, tanto generales como especializadosdados sus niveles de dependencia, pluripatologías y polimedicación, que debenser prestados por profesionales sanitarios. No se pueden equiparar los cuidadosque se prestan a una persona mayor en el ámbito familiar con los conocimientosy habilidades que debe tener un personal que se dedica a la atención de unnúmero indeterminado de residentes en los centros de personas mayores.
Tampoco, según SATSE, se ha evaluado desde Familia y junto ala Consejería de Sanidad el impacto económico del coste en recursos humanospara Sacyl que tendrá el nuevo modelo asistencial que introduce el Decreto, yaque al eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionalessanitarios en las residencias de ancianos, la asistencia y cuidados de estosdeberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio autonómico de Salud.
SATSE denuncia también que un aspecto sumamente llamativo enesta Comunidad es que en el momento actual, con aproximadamente una dotación de2.500 camas en residencias públicas, hay más de 400 camas que llevan añossin ser cubiertas, con situaciones realmente llamativas: en la Residencia dePalencia se disponía de una capacidad para 260 residentes y actualmente sólo disponede 125 plazas, ya que dos plantas permanecen cerradas por obras desde el año2010 y en el resto de plantas se han ido reduciendo el número de camasdisponibles. En el caso de las Residencia Mixta de Parquesol, de las 225 camasde las que dispone, 90 permanecen sin cubrir desde su creación haceaproximadamente 25 años, con la excusa de transformarlas en camas de asistidos.La Residencia de Ávila dispone de 102 camas sin ocupar, 109 en la Residencia deLeón… Mientras, existen conciertos con las residencias privadas para podercubrir las necesidades de dependencia de nuestros mayores, que tienen queesperar meses e incluso años para acceder a una plaza en una residenciapública.
SATSE considera que el Decreto citado solo favorece elnegocio de la empresa privada, en un momento en que, con un envejecimiento dela población tan acentuado se ha abierto un nuevo nicho de negocio que estáatrayendo a diversos fondos de inversión internacionales a adentrarse en elsector del negocio de la dependencia.