Hasta seis meses en un congelador: qué se hace con los muertos que no son identificados o reclamados

Personas con una situación irregular, extranjeros sin documentación, indigentes, hombres y mujeres a las que se ha hecho algo para dificultar su identificación, individuos sin relaciones familiares o con problemas económicos por el que no se pueden hacer cargo del entierro. Todas ellas pasan por una cámara frigorífica tras su muerte, sin embargo el proceso dependiendo de unos u otros es muy diferente.

En el Instituto de Medicina Legal de Salamanca reciben todos aquellos cuerpos que presentan una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, sin embargo, también se hacen cargo de otros cadáveres en los que la naturaleza de la muerte es muy diferente, los denominados como cadáveres judiciales, como los que no son reclamados. En el caso de los primeros, estos permanecen un mayor tiempo en las instalaciones, aunque puede variar dependiendo de la situación.

Las instalaciones salmantinas cuentan con capacidad para almacenar hasta dos fallecidos cuyo plazo puede variar de uno a tres meses, aunque puede extenderse hasta los seis meses ya que en la provincia únicamente se registran uno o dos casos al año, lo que implica que se puedan mantener durante un plazo mayor que en otras ciudades y hasta que el juez autorice su inhumación, señala la directora del IML, Ana María Vaquero.

En el caso de los fallecidos que no son reclamados, como aquellas personas que no tienen relaciones familiares o un problema económico por el que no se pueden hacer cargo de ello, los cuerpos se mantienen durante un breve tiempo ya que se sabe que nadie se va a hacer cargo y mientras que dura la investigación; es el juez quien decide cuándo y cómo se entierra. “Normalmente se lleva a cabo la inhumación por si no se consigue identificar y después aparece algún familiar o incluso si se solicita realizar otra investigación”, señala Ana María Vaquero. Tras ello, se procede a llevar a cabo el enterramiento en un nicho a través de los servicios de beneficencia, donde permanece 5 años.

Por su parte, en aquellos que no son identificados, el proceso es más complejo y laborioso, por lo que conlleva un mayor tiempo. Lo primero es realizar tanto una investigación policial como a través de ADN para identificar ese cuerpo bien de manera necrodactilar o mediante la base de datos de personas desaparecidas. Sin embargo, esta ardua labor muchas veces no da sus frutos y la persona no es identificada por lo que se sigue el mismo proceso que con los cuerpos de las personas que no son reclamados (judiciales) a la vez que se conserva una muestra de ADN por si fuera posible identificarlo en un futuro.

“Esto es infrecuente en Salamanca aunque tenemos que estar preparados ya que no solamente conservamos los cadáveres judiciales, si no los de objeto de nuestro trabajo como las victimas de homicidio y todos ellos hay que mantenerlos hasta que el juez decida”, puntualiza Ana María Vaquero.

Un minucioso trabajo en el caso de las muertes violentas

Una llamada a los Servicios de Emergencias para comunicar que se ha encontrado a una persona fallecida y la llegada de las autoridades junto a un médico que comprueba la realidad de la muerte. Un ‘protocolo’ normal en el caso de cualquier deceso en el caso de que no presenten signos de violencia o sospechas de criminalidad. En estos extremos es cuando se da aviso al juzgado e intervienen los forenses para llevar a cabo el levantamiento del cadáver, no sin antes recoger datos acerca de las circunstancias de la muerte.

Estos datos junto con la recogida de pruebas o de testimonios muchas veces dan información necesaria para aventurar las circunstancias del fallecimiento y su identificación. No obstante, tras ello, el cuerpo es trasladado al Servicio de Patología Forense donde se procede a su autopsia e identificación, tras lo que se pone a disposición de la familia o en el caso de que no se haya identificado o no tenga familiares queda custodiado hasta que el juez autorice el entierro.

La autopsia: un minucioso proceso que señala el cuándo, cómo y qué

La autopsia es un complicado y minucioso trabajo por el que se pueden conocer diferentes aspectos sobre un fallecimiento para determinar la causa de la muerte: si es inmediata o no, natural o violenta (accidenta, suicida u homicida), así como su data, señala Ana María Vaquero. El examen externo del cuerpo junto a factores tales como la rigidez, o el enfriamiento puede determinar la data.

Esto se acompaña la realización de pruebas complementarias en función de la sospecha de los profesionales o lesiones compatibles que puedan resolver las incógnitas y pueden añadirse otras complementarias si fuera necesario; las más comunes: de carácter toxicológico para conocer posibles intoxicaciones, de microbiología para conocer si alguna infección ha sido la causante del fallecimiento, lesiones de disparo, muestras cuando hay sospechas de agresión sexual o incluso el análisis se insectos en cuerpos en estado de descomposición que señalen la fecha de la muerte tras lo que se reconstruye de manera adecuada el cadáver.

Todo ello forma parte de un complicado trabajo, que aunque no es frecuente en Salamanca, desde el Instituto de Medicina Legal dirigido por Ana María Vaquero se lleva a cabo de manera precisa para salvaguardar la dignidad e integridad del fallecido.