El Servicio de Comida a Domicilio del Ayuntamiento de Salamanca se reforzará debido a la creciente demanda de personas con dependencia

El Ayuntamiento de Salamanca continúa a la vanguardia en políticas sociales y en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. La Comisión de Bienes y Contratación estudiará el próximo martes, 30 de septiembre, la aprobación del expediente para la licitación del Servicio de Comida a Domicilio, con un significativo presupuesto base de 2.398.171 euros al año.

Este contrato está reservado a empresas de inserción social, reafirmando el compromiso municipal no solo con la atención social directa, sino también con el fomento del empleo y la integración.

La decisión responde al notable incremento de la demanda de este servicio esencial. El número de personas usuarias se ha duplicado en los últimos años, pasando de 417 en 2019 a 1.038 en 2024.

El Servicio de Comida a Domicilio tiene como objetivo fundamental facilitar a las personas con limitaciones de autonomía personal que puedan permanecer más tiempo en su entorno familiar. Se dispensa un menú completo (primer plato, segundo plato, pan y postre) una vez al día, coincidiendo con el almuerzo, y se presta todos los días del año, incluidos festivos.

Además de la provisión de alimentos, el servicio incluye la consideración de necesidades dietéticas específicas y un seguimiento básico de la alimentación cotidiana, actuando como un factor preventivo ante posibles trastornos de salud derivados de dietas insuficientes o desequilibradas. El esfuerzo inversor del Ayuntamiento para atender a esta creciente población se ha visto reflejado en un aumento de los costes: de 853.504 euros en 2019 a 1.862.704 euros en 2024.

Simultáneamente a esta mayor inversión, el consistorio ha facilitado el acceso al servicio mediante la reducción del copago. Desde la entrada en vigor, el 1 de enero de 2020, de la nueva ordenanza reguladora de la tarifa por servicios de atención a la dependencia, se beneficia en la reducción del copago al 60% de las personas usuarias.

Esta normativa eliminó la aportación computable al patrimonio por debajo de 35 años, elevó el mínimo exento, y evitó el incremento del copago, además de introducir un coeficiente reductor para las personas que viven solas, subrayando la sensibilidad municipal hacia las situaciones de mayor vulnerabilidad.