El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el convenio de colaboración de la Secretaria de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.
Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los Registros Civiles siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos, o en forma presencial a través de registros administrativos.
Comisiones Obreras (CCOO) recuerda que ya había advertido que esta medida, “bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía”.
El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, lo que “da lamentablemente la razón al sindicato”. Y añade que “el Ministerio pudo optar por implantar en los Registros Civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.
A juicio de CCOO, “este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativos sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes”.
Y concluye: “Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores adminsitrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas) de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los Registros Civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este gobierno nos tiene tristemente acostumbrados”.
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