De esos 17.511 expedientes, de los cuales 17.282 han sido notificados o están en fase de comunicación a los supuestos infractores, ya se han cobrado 3.524 multas, lo que supone sólo el 20,39% del total. Por su parte, 1.182 sancionados, un 6,8%, han decidido recurrir la multa en la Comunidad. Fuentes del Gobierno indicaron ya hace unas semanas que las multas que los agentes cumplimentaron "irán llegando", básicamente, porque no prescriben hasta pasado un año.
Por provincias, la mejor pagadora es Zamora, cuyos sancionados ya han abonado el 45,4% de sus 1.861 multas notificadas. Le sigue Ávila, que ha pagado el 22,2% de 1.434 multas. Luego está Burgos, con el 21,8% abonado de 2.862 sanciones, y en cuarto lugar aparece Salamanca, con 1.187 multas notificadas y 240 pagadas, un 20,2% del total. Soria (18,7%), León (14,3%), Palencia (13,22%) y Valladolid (13,20%) cierran la estadística de la Delegación del Gobierno.
En Salamanca, además, no se ha recurrido ninguna sanción.
En cuanto a las multas notificadas, Palencia y Burgos son las provincias con mayor número, 2.866 y 2.862 respectivamente. Salamanca es la tercera provincia por la cola en número de multas impuestas por incumplir la cuarentena, con 1.167. En este caso, las dos provincias con menos multas son León (1.044) y Soria (1.090).
Además, las mismas fuentes aseguran que durante el estado de alarma se han practicado en Castilla y León 302 detenciones. Cuando se alcanzaron los 295 arrestos, la mayor parte de estas detenciones, 193, habían sido realizadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, mientras que las restantes 102 fueron completadas por las policías locales. Por provincias, la que sumaba más detenciones en Castilla y León era Burgos, con 48; seguida de Salamanca y Valladolid, ambas con 43; León y Zamora, ambas con 38; Ávila, con 30; Segovia, con 23; Soria, con 22; y Palencia, con 10.
Abono de multas con el método del "pronto pago"
Ser sancionado no es un plato de buen gusto para nadie y mucho menos cuando hay motivos para pensar que se ha cometido algún tipo de error o injusticia. Para hacerlo más llevadero, muchos optan por pagar y acogerse a la rebaja del 50% prevista por la ley dentro del plazo de 20 días tras la notificación. Una solución en principio atractiva que, sin embargo, conlleva consecuencias más allá del aspecto económico.
Sin embargo, como señala Antonio Martínez Nieto, especialista en derecho administrativo y recoge Cinco Días, el pronto pago es una "opción muy práctica" para aquellas personas que quieren salir del paso cuanto antes. Por un lado, se ahorran un dinero considerable y además saldan sus deudas con la Administración sin necesidad de papeleo. Pero, como aclara el experto, todas estas ventajas no son gratuitas. De hecho, apostar por este atajo legal conlleva aceptar implícitamente la multa y, por tanto, "perder el derecho a recurrirla".
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