El Supremo podría decidir este martes sobre las cautelares del Gobierno al adelanto del toque de queda

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene previsto reunirse este martes

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Mañueco, junto a Igea, Casado y Suárez-Quiñones. | FOTO: ICAL
Mañueco, junto a Igea, Casado y Suárez-Quiñones. | FOTO: ICAL

El Tribunal Supremo podría adoptar este martes, 9 de febrero, una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares que incluye el recurso del Gobierno al adelantó a las 20.00 horas del toque de queda establecido por la Junta de Castilla y León como medida para reducir los contagios de COVID-19.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto celebrar este martes una reunión de la que podría salir la decisión sobre la pieza separada que abrió para tramitar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender el acuerdo de la Junta.  

En una providencia, la Sala dio el pasado 19 de enero un plazo de diez días a la Junta de Castilla y León, como autora del acuerdo recurrido, para que planteara alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada. Tras recibirlas, el tribunal, cuyo magistrado ponente es Rafael Toledano, debe tomar una decisión.

La Junta de Castilla y León argumentó que prioriza el derecho a la vida en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo y entiende que el adelanto del toque de queda es necesario, porque desde su aplicación sostiene que se han reducido los contagios. También expuso que esta decisión se adoptó para proteger la vida -conforme a una sentencia del Tribunal Constitucional- y hacer el menor daño a la economía.

Cabe recordar que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, suscribió un acuerdo con fecha 15 de enero, que fijó a las 20 horas como hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dentro de las medidas para frenar la propagación de la COVID. 

El Gobierno pidió que quede en suspenso cuatelarmente mientras se tramita el recurso que plantearon contra dicho acuerdo, por ir contra libertades básicas de los ciudadanos.

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