El tejido empresarial avanza a mitad de ritmo que los empleos que genera

En Salamanca hay 10.073 empresas, un 0,3% más que en 2020, y 84.102 asalariados, un 3,2 por ciento por encima del año anterior

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Trabajadores
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Castilla y León prosigue con una lenta recuperación de su tejido productivo, que estaba integrado a finales de septiembre por 67.323 empresas cotizantes a la Seguridad Social, un dato que representa un aumento del 0,8 por ciento (504 más) respecto al mismo periodo de 2020, pero un 1,4 por ciento menos que el dato prepandemia de 2019, con 1.467 actividades menos. El tejido empresarial avanza así a mitad de ritmo que los empleos que genera, ya que se situaron en el mes de estudio en 660.515, un 1,4 por ciento más que en 2020, cuando había 651.147 asalariados, y por encima ya de los 657.656 del año 2019.

Los datos que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social, analizados por Ical, constatan que la construcción tiró fuerte de la creación empresarial durante el último año, y en comparación al noveno mes del año de 2020, estas actividades crecieron un 3,3 por ciento, hasta las 7.569. Los servicios también se recuperaron tras el enorme impacto de la pandemia, y en septiembre de este año ya había 46.875 actividades en el terciario, lo que supone un 0,7 por ciento más que un año antes. Más modesto fue el comportamiento de la industria, que cerró el mes pasado con 6.762 empresas, con un tímido avance del 0,1 por ciento. En el extremo opuesto se situó la empresas agraria, que contaba con 6.117 empresas cotizantes en el periodo de análisis, un 1,3 por ciento menos que en 2020.

Estos datos tuvieron su reflejo en la creación de empleo, ya que en la construcción, respecto a 2020, se disparó un 4,8 por ciento, hasta los 40.694 asalariados. Los servicios daban empleo a 456.602 personas, lo que revela un aumento respecto a las plantillas el año pasado, del 1,7 por ciento; y la industria también superó en un 1,3 por ciento, sus trabajadores un año antes, hasta un total de 131.160, en un mes de septiembre “histórico” en el mercado laboral. Por el contrario, el sector agrario redujo sus empleados un 5,2 por ciento, hasta un total de 32.059 asalariados.

Provincias

Un análisis territorial pone de relieve que el número de empresas se elevó en todas las provincias en relación a 2020. Las actividades se elevaron en Zamora (5.410), un dos por ciento; en Ávila (5.069), un 1,8 por ciento; en Soria (2.957), un 1,4 por ciento; y en León (12.526), un uno por ciento. Asimismo, aumentaron en la media autonómica, en Valladolid (15.271), un 0,8 por ciento; y por debajo, en Segovia (5.489), un 0,6 por ciento; en Palencia (4.797), un 0,4 por ciento; y en Salamanca (10.073), un 0,3 por ciento. Burgos, fue la de un crecimiento más modesto, ya que registró 10.693, cuatro más que el año anterior.

En cuanto al empleo asalariado, tuvo un comportamiento desigual, ya que bajó en Palencia (45.004), un 0,9 por ciento; y en Burgos (111.112), un 0,4 por ciento, en relación a septiembre de 2020, y se incrementó en el resto. En concreto, subió en Ávila (35.698), un 4,8 por cieno; en Zamora (37.010), un 3,3 por ciento; en Salamanca (84.102), un 3,2 por ciento; en León (109.559), un 2,5 por ciento; en Soria (28.866), un 1,4 por ciento; en Segovia (45.00

Empresas y trabajadores. ICAL
Empresas y trabajadores. ICAL

Inquietud” y “confusión”

Para la patronal CEOE, la combinación de un menor ritmo de creación de empresas unido a un aumento del empleo “parece estar describiendo un mapa de empresas que, por un lado, se redimensionan y, por otro lado, el estímulo emprendedor podría estar más contenido, a la espera de cómo evolucionen el propio ritmo de recuperación económica”; aunque también, explicó a Ical, a todo un paquete de medidas que podrían aprobarse en torno a este ecosistema emprendedor, a la propia evolución de la Ley de Startups o a la reforma de la Ley Concursal”.

CEOE Castilla y León recuerda que en la actualidad existe “una cierta inquietud” por el “desconcierto” ante las líneas de apoyo y licitaciones, tras el primer desembolso efectuado por la Comisión Europea de prefinanciación para España con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el pasado mes de agosto. De este modo, advierte la patronal, en agosto se vieron cómo ciertas subvenciones se han convocado con “poquísimo tiempo para su solicitud”, cuestión que ha llevado incluso a que ciertas líneas de apoyo hayan quedado desiertas.

Por otra parte, todavía solamente se ha aprobado un PERTE, el correspondiente al sector automoción; pero aún no se ha habilitado el Registro de Pertes que debería ya estar en funcionamiento según Real Decreto. Al mismo tiempo, argumenta CEOE, en diferentes administraciones públicas “parece que aún carecen de recursos suficientes para gestionar estos fondos; cuestión que nuevamente limita el grado de ejecución”. Por este motivo sigue “siendo bajo en relación con los objetivos previstos”.

Del mismo modo, CEOE criticó que no se disponga de una ventanilla única aunque fuese para conocer desde un único punto informativo qué líneas de apoyo y licitaciones se están ya activando con cargo a los Fondos Next Generation y cuáles son las previsiones, “lo cual está generando cierta confusión”.

No obstante, las empresas se muestran expectantes para ver cómo continúan diseñándose estas líneas de apoyo para que las compañías puedan acometer la transformación de sus modelos productivos alineado con los ejes, palancas y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Amenazas

CEOE advirtió de que la próxima aprobación de los Presupuestos del Estado y las reformas que “se han de acometer” y que acompañan al denominado ‘Plan España Puede’ recogen medidas planteadas desde “posicionamientos que se alejan de propiciar un marco favorable a la actividad empresarial” y, por tanto, de “mejoras del nivel de competitividad”, como la prevista subida de la fiscalidad al ahorro y a las empresas. También las acciones para contener la subida del precio del gas, así como la reciente aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), “cuestión que ya ha sido advertida desde diferentes instancias” y desde la propia CEOE de que “traerá, cuando menos, más desempleo”.

Por ello, y en especial estas medidas, “están generando inquietud por los efectos negativos que conllevan sobre la seguridad jurídica, además de incrementos de costes empresariales; cuestiones que limitan el nivel de competitividad, la atracción de inversiones, el emprendimiento y la creación de empleo”.

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