Los trabajadores no necesitarán aportar un salvoconducto para demostrar que van a trabajar: “Hay una cierta flexibilidad”

En algunos casos se les pedirá que acrediten que van a trabajar para saber a qué centro se dirigen, pero no tendrán que aportar un justificante de la empresa

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El delegado de Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa por videoconferencia en la que ha informado de las actuaciones efectuadas en la comunidad por el estado de alarma. El nuevo delegado destacaba la actuación de la ciudadanía respetando las normas, así como el trabajo de múltiples sectores: “Tenemos que estar concienciados de que es una situación que implica el esfuerzo de todos”.

A pesar de que se trata de la primera comparecencia a los medios desde el agravamiento de la pandemia del coronavirus, el delegado explicaba que ya desde hace varios días la coordinación con la Junta de Castilla y León y con los ayuntamientos “es total”: “Tengo que reconocer la disposición de la Junta y del presidente por el diálogo fluido con él y con los consejeros, que permite tomar decisiones y coordinar actuaciones”. De hecho, el sábado ya se hizo entrega de 35.000 mascarillas a las delegaciones territoriales de la Junta y durante los próximos días seguirán haciendo acopio de material en manos de la Administración General del Estado.

Entre otras medidas, este domingo se puso en marcha el Centro de Coordinación Operativo Integrado de CCAA. (Cecopi) y hoy lo hará el Comité Estatal de Coordinación (Ceco). Además, hay una comunicación constante con el Gobierno, los Ministerios y los subdelegados de Gobierno en las diferentes provincias. También con los alcaldes y presidentes de Diputación para trasladar instrucciones en las administraciones locales. Algunas de esas instrucciones han sido, por ejemplo, la flexibilización de la carga y descarga y de las zonas peatonales para garantizar el abastecimiento en todo momento.

La UME, por su parte, ya se ha desplegado en algunas provincias de la comunidad, aunque hasta el momento no lo ha hecho en Salamanca. “Seguramente se van a llevar a cabo en más ciudades en función de instrucciones del Ministerio de Defensa”, aclaraba el delegado.  Los equipos llevarán una labor de concienciación de medidas y la desinfección de centros, especialmente en las estaciones de ferrocarril y de autobuses.

Dudas en la aplicación del Real Decreto de estado de alarma

En las últimas horas han surgido múltiples dudas respecto a la aplicación de este Real Decreto y las posibles sanciones. Javier Izquierdo aclaraba que desde la Delegación de Gobierno se está intentando resolver las dudas de la ciudadanía, en la medida de lo posible, sobre la interpretación de las normas. “El decreto es bastante claro en su interpretación, pero surgirán dudas que intentaremos aclarar de manera directa y las que no podamos, consultaremos a los Ministerios”, aclaraba. De esta manera, próximamente el Gobierno habilitará un portal de dudas frecuentes.

Javier Izquierdo enviaba un mensaje de tranquilidad a las empresas a la hora de que sus empleados tengan problemas: “No se requieren salvoconductos para los trabajadores, en algunos casos se les pedirá que acrediten que van a trabajar. Hay una cierta flexibilidad al trato con la ciudadanía para saber a qué centro de trabajo se va, pero no es necesario ningún tipo de salvoconducto”.

En este sentido, también contestaba a la duda de si los agricultores tienen permitido trabajar durante los días que esté vigente el estado de alarma. Confirmaba que se trata de una actividad permitida al estar vinculada al desarrollo del trabajo.

Sobre las multas y sanciones, el delegado de Gobierno explicaba que por el momento no hay sanciones porque estas requieren un procedimiento administrativo. Y dado que el Real Decreto suspende los plazos de los procedimientos administrativos, los plazos para que esas sanciones se puedan resolver empezarán a contar después del estado de alarma.

No obstante, la mayoría de conductas sancionables serán desde el punto de vista administrativo por incumplimiento de la Ley de seguridad Nacional o la Ley General de Salud. Por eso, las penas derivadas de esas sanciones serán determinadas por la autoridad judicial, no por el poder ejecutivo, por lo que no se conocerá la pena hasta la conclusión de la vigencia del estado de alarma.

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