El Sindicato de Enfermería SATSE de Castilla y León havalorado positivamente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que suponeun nuevo rechazo al Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización yfuncionamiento de los centros de carácter social para la atención a personasmayores de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León había presentado un recurso decasación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia deCastilla y León en noviembre de 2018 que anulaba dicho Decreto y el Supremo nove motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a laAdministración Autonómica, lo que también es gravoso para las arcas públicas,sustentadas por todos los ciudadanos, según explica el sindicato en una nota deprensa.
De la misma manera, recuerdan que dicho Decreto se dictótras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideróque para aprobar ese Decreto de 2016 no hubo el estudio económico exigidolegalmente.
Para SATSE, es incoherente que la Consejería de Familia estétramitando un nuevo Decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo lasmismas condiciones, que repercuten negativamente en la asistencia a losresidentes.
Por ello, SATSE critica que la Consejería de Familia eIgualdad de Oportunidades siga insistiendo en seguir adelante con estanormativa reguladora de la autorización y funcionamiento de estos centros, queperjudicará notablemente la asistencia para los residentes de los mismos. Unode los motivos es que en el Decreto se alude a un número mínimo de profesionalesestablecido en función del número de usuarios, pero no de su grado dedependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior de 2001.
SATSE Castilla y León impugnó este Decreto de 2017 porquesuponía un cambio de modelo asistencial respecto al Decreto de 2001, ya que elde 2017 despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba deforma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros conque debían contar. De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centrosse abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros,fisioterapeutas, etc., recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema deSalud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y decalidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en sumayoría pluripatológicos y dependientes.
Sin embargo, Familia sigue queriendo implantar este nuevomodelo, pese a que establece que se eliminan las camas de las unidades deconvalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estabandestinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centroshospitalarios.
Por el contrario, el Decreto de 2017 también deriva loscuidados sanitarios al centro de salud, lo que repercutirá negativamente en laenfermería de Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud, el deestas residencias. Teniendo en cuenta las características de grandesdependientes de muchos de los usuarios de las mismas, y que se reduce el númerode enfermeras de ellas, la enfermera de Primaria se verá obligada a pasar granparte de la jornada en dichas residencias y se saturará la asistencia en loscentros de salud.
De hecho, ahora en verano, se producen problemas en laasistencia en las residencias públicas y privadas porque no hay suficientes sustitucionesde enfermería y además, la Gerencia de Servicios Sociales tampoco encuentraenfermeras para cubrir esas sustituciones por las malas condiciones laborales yprofesionales que ofrece.
Así, la intención de la Consejería de Familia es seguirestableciendo que estos centros dispongan, hasta 2022, de una enfermera porcada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media porcada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornadapor cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también demedia enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro). Antes deeste Decreto de 2017, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponíande 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía unaenfermera a jornada completa por cada 15 usuarios.