UGT lleva a la Justicia la orden para mejorar las condiciones de los profesionales de enfermería porque “carece de andamiaje jurídico”

El sindicato considera que el acuerdo alcanzado “hurta el derecho a la negociación colectiva”, evidencia que “la Consejería se extralimita en sus funciones” y adolece de “la imprescindible valoración sobre la necesidad de subir esos complementos”

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Rueda de prensa UGT
Rueda de prensa UGT

La sección de Sanidad de UGT-Servicios Públicos Castilla y León llevó a la Justicia la orden emitida por la Consejería de Sanidad para hacer efectivo el acuerdo para mejorar las condiciones de los profesionales de enfermería que la Junta alcanzó con el sindicato Satse el pasado mes de marzo porque “carece de andamiaje jurídico”. Así lo anunció el secretario regional para asuntos sanitarios de UGT, Miguel Holguín, quien avanzó además que la vista tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en el juzgado número uno de lo Contencioso Administrativo de Valladolid.

El sindicato considera que el acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León “hurta el derecho a la negociación colectiva”, evidencia que “la Consejería se extralimita en sus funciones” y adolece de “la imprescindible valoración sobre la necesidad de subir esos complementos”. La demanda fue interpuesta a finales de octubre con el objetivo de “echar atrás esa orden” fundamentándose en esos “tres hechos fundamentales”. Holguín transmitió, en este sentido, a los trabajadores sanitarios de la Comunidad durante una comparecencia en la sede sindical de Salamanca que “UGT sí cumple”, al hace efectiva esta denuncia.

El secretario de la sección de Sanidad de la organización sindical se refirió con ironía en un relato cronológico al “acuerdo histórico” establecido entre la Consejería y Satse aclarando, desde el principio que “solo garantiza las retribuciones a un solo grupo sectorial, olvidándose del resto de profesionales”. Holguín hizo hincapié en que desde el inicio de la Legislatura, “cualquier medida” llevada a la mesa sectorial para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores “era desoída” y, de facto, no se trataba nada que supusiera un aumento presupuestario. “Ahora, cuando Igea y Mañueco sacan pecho por el mayor presupuesto de la historia, todavía cualquier medida se nos coarta aduciendo que no hay presupuesto”, denunció.

Así, Holguín recordó que el pasado 10 de marzo se anunció una convocatoria de huelga “sin apenas publicidad en los centros de trabajo” y “curiosamente el mismo día que se registra la moción de censura del PSOE”. El 18 de marzo se publicaron los mínimos de esa huelga en el Bocyl, según rememoró el secretario de UGT, y un día más tarde, se desconvocó y se anunció el acuerdo. “Qué casualidad, el último día hábil antes del debate sobre la moción de censura”, ironizó.  

Dicho acuerdo supuso para el sindicato “una afrenta a los trabajadores”, que salieron a las puertas de los hospitales, a reclamar que “ellos también existían” y que “no se podía hacer esta distinción de categorías”. Cuando UGT tuvo acceso al documento el 12 de mayo, descubrió según Holguín “cosas surrealistas”, como que “el aumento salarial iría a cargo de los fondos adicionales”, aunque luego “desapareció esa referencia”. “Es decir, se desconocía cómo se iba a financiar y alguien les debió de avisar de que  contenía términos que no eran posibles”. El 17 de agosto, “en pleno verano”, se publicó esa subida salarial “sin publicidad ni más alharacas”.

En definitiva, UGT considera que este acuerdo es “una operación de maquillaje” que “ni si quiera se sabe con cargo a qué partida se pretendía ejecutar” y que presente “muchas dudas jurídicas”. Además, según Miguel Holguín, el acuerdo viene a romper “lo mejor” que se había extraído de la experiencia de la pandemia, que es “el trabajo coordinado en equipo”. “Estamos convencidos de que la judicialización del este acuerdo permitirá alcanzar una negociación clara legal y coherente en el seno de la mesa sectorial que conduzca a una mejora para todos los trabajadores”, concluyó Holguín en este aspecto.

Las 35 horas

Por otro lado, el secretario de Sanidad de UGT-Servicios Públicos Castilla y León aprovechó para anunciar que retomarán la presión “en primera línea” por el cumplimento del acuerdo sobre las 35 horas semanales. Y más, según específico, tras la aprobación en el seno de las Cortes de una iniciativa que exige materializar “con efecto inmediato” el contenido de dicho acuerdo. “No estamos dispuestos a esperar a un anuncio del presidente Mañueco en el último debate electoral”, aseguró Holguín.

En este sentido, reveló que UGT está en sintonía con las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo para presionar a fin de que las autoridades lo cumplan. “No se pueden publicar unos calendarios laborales que las propias Cortes han dicho que son papel mojado”, reiteró.

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