Una sentencia del Tribunal Constitucional considera desde el 12 de agosto de 2019 que una jornada laboral a tiempo parcial tiene que ser computada como un día de trabajo. Sin embargo, no permite aplicarla con carácter retroactivo, algo que la Unión General de Trabajadores desea que se haga hasta cuatro años atrás.
Para ello, el sindicato judicializará una a una las peticiones de los ciudadanos que se consideren afectados. “No se puede hacer todas de golpe porque, si se perdiera el proceso, sería más complicado que una persona pudiera recibir esta prestación”, asegura Antonia Isabel Guerrero, presidenta de la junta gestora de UGT en Salamanca. Para Guerrero, esta sentencia es un paso importante: “Aunque no quedaba otra que aplicarla tras una doctrina previa de la Unión Europea, estamos contentos. Eso sí, no soluciona el problema de la brecha salarial. Ha sido una reforma a medias”.
“Hay que remediar la discriminación en personas que están sufriendo esto (el 67%, mujeres, y el 33%, hombres). Pedimos que el nuevo Gobierno que surja de las próximas Elecciones Generales corrija estas injusticias. Hay que dar una solución a un sistema desigual”, cuenta Luciano Ramón Arcos, secretario general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT en Salamanca. Arcos pone como ejemplo el caso de una trabajadora que atiende a una persona dependiente: “Cobra, por ejemplo, por una hora de trabajo, pero no por el viaje que realiza para acudir al lugar. En cualquier empresa, el tiempo de visita a un cliente se cuenta como tiempo de trabajo. La dependencia y la hostelería son los sectores más afectados, al margen de que son muy feminizados”.
UGT abre sus puertas para prestar servicio a quienes necesiten información o ayuda sobre este aspecto.
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