UGT ha presentado ante laFiscalía escritos para pedir la investigación de la gestión en al menos 18residencias de mayores y personas con discapacidad ubicadas en seis provinciasde Castilla y León, seis de las cuales son privadas, con el fin de conocer quése ha hecho y cómo durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.
Así lo ha anunciado elsecretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP)de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, en una rueda de prensatelemática que ha ofrecido junto a los secretarios de Autonómica y Dependenciade la Federación, Julio César Martín Nevado y Fonsi Bonafonte, respectivamente.
Pérez Urueña ha explicadoque se ha solicitado la apertura de diligencias de investigación al considerarque el número de contagiados y fallecidos "excede" de lo normal yquieren conocer qué es lo que ha pasado y cómo se ha gestionado la crisis.
El secretario general de laFeSP ha señalado que se han enviado "múltiples" escritos a laConsejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que han quedado sincontestación y en los que se requería, entre otras cosas, información sobre losprotocolos que se habían mandado a las residencias, datos sobre la incidenciadel coronavirus, etcétera, además de "denunciar cuestionesimportantes". Sin embargo, ha criticado que lo que se ha recibido ha sido"el silencio más absoluto" y ha pedido a la consejera, Isabel Blanco,que no se esconda en una "torre de marfil".
Así, ante la falta deinformación por parte de la Junta, se han recabado datos a través de losdelegados sindicales y se han presentado escritos a la Fiscalía y ya se harecibido respuesta de Zamora, por ejemplo.
En concreto, los escritos deUGT se refieren a la residencia Armunia de León, Los Royales de Soria (se estáelaborando), los centros de atención a minusválidos psíquicos de Lasalle, Salamanca. y deBéjar, las residencias asistida y mixta de Segovia, las dos residencias de laDiputación, la de Parquesol y seis privadas en Valladolid y Virgen del Yermo,Tres Árboles y Los Valles de Benavente en la provincia de Zamora.
Pérez Urueña ha advertido deque las denuncias sobre residencias ante la Fiscalía son individualizadas, yaque llama la atención que en centros que se encuentran en la misma localidad yque son públicos en unos casos se hayan producido muchos contagios yfallecimientos y en otros no. "Ha habido algo que ha diferenciado",ha asegurado el sindicalista, quien ha aclarado que sólo se trata de"saber la verdad".
Comisión de investigación
Por otro lado, UGT haenviado a los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes un escritoen el que pone de relieve los contagios y fallecidos que se han registrado enlas residencias y a los que pide una reunión y la puesta en marcha de unacomisión de investigación para dilucidar las dudas que generan la gestión de laConsejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
En definitiva, ha señaladoPérez Urueña, se trata de que se investigue "cuanto antes" loocurrido "desde varios niveles, uno de ellos el político", dado quees una competencia de la Junta de Castilla y León.
Además, en el marco de larueda de prensa, el responsable de la FeSP ha criticado la situación generadacon los equipos de protección como mascarillas que se "sospechaba"que no estaban validadas y aun así se han seguido repartiendo, algo que les ha"impactado" porque considera que no deberían haberse distribuidohasta tener la comprobación adecuada.
UGT considera esta situación"escandalosa" y por ello han pedido una investigación al Procuradordel Común, que ya ha contestado que les recibirá "en breve".
Tomás Pérez ha pedido que seinvestigue para tener transparencia, claridad y que se diga lo que ha pasado"ya" porque actualmente hay medios para reunirse y "no valenexcusas de esperar a mañana". Aun así, aunque ha aclarado que hasta que nose valore la gestión de la Consejería no van a pedir dimisiones ni se van ahacer otro tipo de peticiones hasta estar en otras fases de la desescalada, síconsideran que la situación no impide empezar a investigar y mirar los hechosrecientes.
Por su parte, Julio Martínha incidido en que se ha demostrado que el modelo de residencias de la Junta ha"quebrado" y ha sido incapaz de adaptarse, en parte porque hadesaparecido el personal sanitario de los centros, lo que en esta situación hagenerado "conflictos" entre las direcciones de los mismos y elpersonal sanitario.
El responsable de Autonómicade la FeSP, quien cree que es posible que cuando esta cuestión deje de estar en"el candelero" la Junta volverá al modelo antiguo de desmantelamientodel carácter sanitario de estos centros, ha criticado que la Gerencia deServicios Sociales no se diera "por aludida" cuando ya se hablaba deposible pandemia y no se tomaran medidas para contar con equipos de protecciónindividual (EPI) y en la primera semana "del desastre" no hiciera"nada".
Empeora la situación
Además, ha advertido de quedespués de superar la situación inicial y una cierta estabilización en lo que amaterial se refiere, ya hay dos centros donde actualmente se ha comunicado queno hay batas y volverán a trabajar "con bolsas de basura", algo queteme que se pueda extender al resto de residencias.
En cuanto a las mascarillas,cree "especialmente grave" la situación en Servicios Sociales, dadoque se retiraron prácticamente sin explicación porque "no eranconvenientes", además del hecho de que la mayoría de los servicios de prevención,a los que se remite a los trabajadores, estén privatizados y no tengan casiactividad en lo referente a COVID-19 pese al "pastizal de dinero que segasta" mientras la mayoría de los trabajadores no tienen prueba realizada.Así, cree que no tiene sentido que haya centros protegidos y sectorizados sintener conocimiento de cómo están los trabajadores.
A todo ello se suma un"desorden" en la gestión de los centros" o la política decontrataciones que, a pesar de que la Junta presume de ello, no ha supuesto larealización de contratos "prácticamente nada" por encima de lasrelaciones de puestos de trabajo (RPT) e incluso en algunos se trabaja pordebajo de plantilla. Además, ha apuntado que se empieza a despedir pese a laacumulación de horas extras y la cercanía de las vacaciones, lo que cree quesupondrá que, igual que en otras ocasiones, se cubran los descansos "acosta de otros" compañeros.
En la misma línea, FonsiBonafonte ha criticado la falta de claridad en los datos, las"lagunas" en la gestión de la Consejería y una "falta deseguridad" en el trabajo de cuidados, en el que se mantienen ratio de hace20 años y las residencias no disponen de recursos técnicos y humanos, puestoque la situación de partida ya era de "precariedad" laboral.
También ha apuntado que ladecisión de la Junta de "ahorrar" para proteger a los vulnerables novale para el modelo residencial centrado en la persona, pero tampoco que elpeso de lo público lo gestione lo privado.
"A la Junta tiene queservir el termómetro de que el 70 por ciento de los fallecidos vivían encentros residenciales", ha añadido Bonafonte, quien ha señalado que ya lafalta de seguridad en este sector se remonta a años atrás, algo que se hapuesto de manifiesto con estudios por parte del sindicato y ahora el virus"ha destapado años de silencio, de complicidad con las empresas, denegligencias ignoradas y no detectadas por la Junta" en un empleofeminizado donde ha afirmado que siempre se han vulnerado derechos.
Por ello, ha exigido unmarco normativo "ejemplar", una política preventiva que no se hallevado a cabo, que no se modifiquen condiciones laborales y ratio adecuadas alas necesidades, pero para todo ello cree que es necesario conocer losincumplimientos que hayan podido producirse, abrir expedientes y, si fueranecesario, rescindir licitaciones a algunas empresas.