Un conjunto de vecinos del barrio de Pizarrales se han concentrado este miércoles frente al registro municipal de la calle Íscar Peyra para protestar por la situación en la que, según comentan, se han visto envueltos por no poder realizar obras de conservación en sus viviendas, lo que explican que, a la larga, les obligará a venderlas por un precio muy bajo a una constructora.
Los vecinos afectados en cuestión son los propietarios de los bloques de las calles Teso Buenavista, San Ernesto, Alameda y paseo de la Corriente, que después de unos años se han enterado de que están afectados por un Plan de Normalización de fincas que implica una reparcelación. Esta, según explicaban a los medios de comunicación, significa que no tienen autorización para mejorar las viviendas ni hacer obras que aumenten el valor de las mismas.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento, fuentes municipales aseguran que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan de Normalización de fincas en 2007, siendo publicado de manera oficial y que nadie alegó lo contrario.
De hecho, insisten en que no existe ningún problema para realizar obras de conservación, aunque sí reconocen la imposibilidad de realizar una obra de mejora, más allá del simple mantenimiento, en base a las normas establecidas. "El planeamiento urbanístico no lo permite", afirman.
Pese a ello, el portavoz de los vecinos, Víctor Domínguez, lo ejemplificaba con una vivienda que sufrió un incendio por el que se cayó parte de la cubierta. Detalla al respecto que desde el Ayuntamiento se le denegó la obra porque consideraba que las obras eran de mejora, algo que, insiste, no es cierto. "“Han denegado el volver a hacer la cubierta porque el espíritu del plan es que las casas se arruinen, que pierdan valor para que así la constructora no tenga que pagar un dineral a la gente”, explicaba Víctor Domínguez.
El Ayuntamiento, en cambio, refleja que lo que se presentó, según los informes de los técnicos municipales, era un proyecto que no era de mantenimiento. Afirman, incluso, que se han tenido varias reuniones con los vecinos y con los equipos municipales para explicarles la situación y ver cómo se podía encauzar el problema, "siempre pensando en los vecinos".
Víctor Domínguez, en cambio, continuaba explicando en la concentración que el "plan está creado para que nadie de manera particular pueda edificar en sus viviendas, nadie puede volver a hacer su casa. Teníamos que ponernos de acuerdo todos los vecinos según el plan, derribar todas nuestras viviendas, hacerlas donde ellos quieren con nuestro propio dinero y pagar las calles, el encerado, el alumbrado resultante”. Un proyecto, según otro arquitecto, valorado en 1,5 millones de euros: “Eso es inviable para una persona, no hay ciudadano de clase baja-media que pueda asumirlo para que hagamos las calles de nuestras propias viviendas”.
Algo, esto último, que también está recogido en la norma urbanística y se realiza con los procesos actuales. Eso sí, desde el Ayuntamiento insisten que, pese a la aprobación del Plan, la reordenación de la zona se encuentra todavía en estudio y que, en ningún caso, es algo inmediato. E insisten en la posibilidad de realizar obras de mantenimiento en base a los criterios establecidos, para lo que, además, abren el Ayuntamiento para asesorar en el caso de que fuera necesario.
Explicaciones estas que no convencen a los vecinos, que explicaban que en el momento en el que una constructora tenga el 70% del área afectada, tendrá derecho a la ejecución del plan: “las personas terminarán vendiendo por cuatro duros”. Así criticaba la actitud del Consistorio: “me estoy topando con un Ayuntamiento, con unos arquitectos y con unos jurídicos que nunca creí, con una actitud dictatorial, con no buscar soluciones, sino todo lo contrario, con actitudes amenazantes siempre. Cuando presenté el plan de conservación me contestaron con una orden de ejecución de derribo”, aseguraba.
