La dirección de BBVA ha planteado el despido de 3.798 personas y el cierre de 530 oficinas en un procedimiento que fundamenta en motivos productivos y organizativos derivados de la transformación digital, según fuentes de la negociación consultadas por Europa Press.
Esta primera oferta del plan de ajuste se aplicará concretamente sobre los servicios centrales y la red de sucursales de BBVA S.A., que cuenta con alrededor de 23.300 empleados, quedando fuera el resto de las sociedades de la entidad en España. La afectación final dependerá del empeño y del esfuerzo de la mesa negociadora.
Este excedente, que representa el 16% de la plantilla del banco, afectaría a 3.000 personas de la red de oficinas, lo que supone más de un 21% de las personas que actualmente trabajan en ella, y las 800 restantes de servicios centrales (5% del total actual).
Respecto a la red sucursal, BBVA pretende bajar la persiana en 204 oficinas de Cataluña; en 101 del centro peninsular (Madrid y Castilla-La Mancha); en 76 de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; en 59 de Galicia, Asturias y Castilla y León; en 41 de País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón; en 35 de Valencia, Baleares y Murcia; y en 14 restantes de Canarias.
CCOO, como sindicato mayoritario en la mesa negociadora, considera que las cifras puestas encima de la mesa por la entidad son un planteamiento de salida "insostenible y escandaloso".
BBVA apoya su decisión en el contexto de profunda transformación para el sector, marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales.
El banco considera que para garantizar su competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta "imprescindible" continuar trabajando de forma aún más decidida en reducir su estructura de costes.
Escrivá pide a CaixaBank y BBVA que piensen en las ayudas públicas recibidas antes de recortar sus plantillas
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que entidades financieras como CaixaBank y BBVA, que han anunciado ajustes de empleo, deberían tener en cuenta las ayudas públicas que recibieron en la anterior crisis antes de acometer un ERE.
"Los dirigentes de las instituciones financieras deben ser conscientes de hasta qué punto se ha protegido al sector para evitar males mayores, y en esta situacion esa reflexión me parece particularmente relevante (...) Esa reflexión debería inspirar cualquier decisión empresarial", ha subrayado.
En rueda de prensa para presentar un nuevo portal de la Tesorería General de la Seguridad Social para relacionarse con los ciudadanos, Escrivá ha recordado a las entidades financieras que su 'rescate' no sólo se manifestó a través de la limpieza de sus balances, sino también con una serie de ayudas públicas que deberían tener en cuenta a la hora de anunciar ajustes de plantilla.
El ministro confía en que estos ERE sean los últimos que se producen en el marco de un modelo antiguo de ajustes de empleo que debe transformarse y dar paso a mecanismos de flexibilidad interna inspirados en los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tal y como está contemplado en el Plan de Recuperación.
Dichos mecanismos, ha subrayado, son más eficaces para abordar los procesos de transformación empresarial, más graduales y permiten reestructuraciones ordenadas en los que los vínculos con la empresa se mantienen.
Sobre la marcha de las negociaciones con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones, Escrivá no ha querido dar detalles de cómo avanza el proceso porque el compromiso asumido por las partes es el de mantener "discreción y confidencialidad" sobre el mismo.
En este sentido, ha asegurado que le gustaría que las otras partes de la negociación también lo cumplieran.
En todo caso, espera que pronto se pueda cerrar un acuerdo, porque se mantiene en su idea de aprobar la reforma de pensiones este año para que pueda aplicarse en 2022.
Sobre si ha limado sus discrepancias con Podemos en torno a esta negociación, Escrivá ha sido muy claro: "Yo negocio en nombre del Gobierno con los agentes sociales y con el Parlamento, esto un hecho. Lo que está en el componente 30 del Plan de Recuperación representa la posición de todo el Gobierno y eso siempre ha sido así".
En relación a la próxima prórroga de los ERTE, Escrivá ha reiterado que los incentivos para la vuelta a la actividad estarán "particularmente presentes" en el diseño que se implementará a partir de junio.
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