La Audiencia Provincial de Burgos ha acordado mantener la situación de libertad provisional, con fianza de 6.000 euros ya prestada en su día, para los exjugadores de La Arandina condenados por abuso y agresión sobre una menor.
La decisión del tribunal, que incluye las condiciones impuestas mediante auto de esta Sala de fecha 16 de marzo de 2018, desestima así las peticiones de prisión provisional incondicional postuladas tanto por el Ministerio Fiscal como resto de acusaciones.
El auto se produce tras la vista celebrada esta mañana en el Palacio de Justicia para determinar el internamiento o no de los tres acusados, Rafael Uriarte, abogado de Víctor Rodríguez, quien ha señalado que los tres jóvenes "quieren que esto termine bien y con la cabeza bien alta y que se demuestre su inocencia".
El letrado destaca con anterioridad a esta decisión que "no espera nada" después de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial y explicaba que esto mismo sucede con las familias de los tres exjugadores, cuyas madres habían acudido al tribunal con ropa y cepillo de dientes por si se decretaba su ingreso inmediato en prisión.
Rafael Uriarte defendía que existen motivos para dejarles en libertad, ya que la situación es la misma que cuando se les sacó de la cárcel hace un año, y remarcaba que, pese a que la sentencia se dictó hace una semana, "los chicos están aquí" porque "no son extranjeros como ha pasado en otros juicios mediáticos".
Asimismo, había apuntado que los argumentos esgrimidos por las acusaciones para poder fundamentar su solicitud de ingreso en prisión son "muy genéricos" y se preguntó qué riesgo de fuga puede existir entre los acusados, cuando el que más ingresos tiene son 500 euros mensuales y ni si quiera posee pasaporte.
Respecto a la filtraciones de algunas de las conversaciones, el abogado ha dicho que las únicas armas que se deben emplear son las que ofrece el recurso y ha señalado que no le gusta que estén circulando los esas conversaciones por las redes sociales, si bien es "comprensible" que algunos crean que así puedan ayudar.
Por su parte, la también abogada del caso Olga Navarro confiaba en que se mantuviera la medida de libertad provisional, como así ha ocurrido finalmente, porque "han cumplido escrupulosamente con todas las medidas interpuestas desde el principio del proceso" y ha insistido en que no hay argumentos para que ingresen en la cárcel hasta que no haya una sentencia firme.
También planteaba que se les impongan medidas alternativas, como una pulsera telemática, y ha deseado que los tres exjugadores puedan celebrar con sus familias la Navidad. "Ojalá y ojalá se hagajusticia".
A la salida de los juzgados, los tres acusados han sido arropados por cerca de un centenar de personas que se había concentrado a las puertas del Palacio de Justicia como muestra de apoyo a los tres jóvenes.
DECISIÓN DE LA AUDIENCIA
La Audiencia Provincial de Burgos basa su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y argumenta que la prisión provisional "exige que su configuración y aplicación tengan como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de la acción delictiva".
El Tribunal provincial señala, además, "la conjugación de ciertos riesgos relevantes que se proyectan sobre el normal desarrollo del proceso o la ejecución del fallo, así como, en general, sobre la sociedad" y determina que hay que tener en cuenta las circunstancias concretas del caso y las personales de los procesados, ahora condenados, para la toma de la decisión.
En este sentido, apunta que la medida de prisión provisional debe responder en todo momento a los fines constitucionalmente legítimos de la misma y recuerda que la sentencia condenatoria, no firme, "no destruye la presunción de inocencia" de los condenados.
La Audiencia considera que, encontrándose los procesados en situación de libertad provisional, con fianza de 6.000 euros, habiendo cumplido las obligaciones impuestas de presentaciones periódicas ante los juzgados de sus lugares de residencia, y a la vista de la documentación aportada, el hecho de haberse dictado sentencia por el que resultan condenados, "no debe implicar necesariamente el riesgo de fuga, cuando se han mantenido a disposición de la justicia y han acreditado arraigo bastante".
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