Bruselas pone freno a la miel adulterada de China: insta a fijar el origen del producto en el etiquetado, con los porcentajes de procedencia, para erradicar los fraudes

El Parlamento Europeo ha instado este pasado martes, 12 de diciembre, con su votación a favor, a que se revisen los etiquetados de la miel para que en los envases figure el país de origen donde se ha recolectado el producto. Así lo afirma el medio ‘LibreMercado’, que asegura que Bruselas le ha declarado la a guerra a la miel “falsa” de China, desde donde se importan unas 150.000 toneladas al año de miel, que después se vende en la Unión Europea. Una noticia, sin duda, nefasta para los apicultores españoles, que dicen no poder competir contra estos productos falsificados.

En anteriores ocasiones, ya se había advertido, según informaciones de Europa Press, que “China fue el segundo abastecedor de miel". En el año 2020 distribuyó 4.770 toneladas, manteniendo esa segunda posición en 2021.

La Organización de Consumidores en Acción (OCU) también advirtió en 2021 que “la miel es cosechada en China e importada a Portugal para mezclarla y calentarla con miel cosechada en España, con la finalidad de que adquiera el origen español, pues señala que según el reglamento 'delegado 2015-/2446 que desarrolla disposiciones de código aduanero de la Unión ANEXO 22-01. SECCIÓN 1, CAPITULO 4' sería legal cambiar el origen de la mercancía si más del 50 por ciento del peso de la mezcla final es miel española”. Añadiendo, que “las etiquetas con 'Origen China' han desaparecido porque la miel de origen chino que sigue entrando a España, se triangula a través de otros países como Portugal y Rumanía en los que se transforma y adquiere el 'Origen España'".

Sobre esto también parece que Bruselas ha tomado cartas en el asunto, ya que según el ‘LibreMercado’, el Parlamento ha decidido que, para terminar con el truco de las triangulaciones, en el caso de las mieles mezcladas con procedencia de dos países deberán indicarse las proporciones exactas de origen de los porcentajes, con el fin de “proteger a los consumidores y apicultores de la miel adulterada”. Y también de que haya más “transparencia” a la hora de venta y la compra.

Por último, el Parlamento también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer un laboratorio de referencia donde se detecte mediante análisis sistemáticos si la miel está adulterada.