El Gobierno aprueba la atención inmediata para extranjeros sin residencia legal
La principal novedad es la simplificación del proceso mediante una declaración responsable. Con este documento, el solicitante manifiesta que no dispone de otra cobertura ni recursos para pagarla, obteniendo de forma automática un documento provisional que otorga asistencia inmediata
El Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo Real Decreto que garantiza el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) a personas extranjeras en situación administrativa irregular. La norma, impulsada por los ministerios de Sanidad e Inclusión, busca eliminar las "barreras administrativas" y corregir las desigualdades de acceso derivadas de legislaciones anteriores, consolidando la universalidad sanitaria en todo el territorio español.
La principal novedad es la simplificación del proceso mediante una declaración responsable. Con este documento, el solicitante manifiesta que no dispone de otra cobertura ni recursos para pagarla, obteniendo de forma automática un documento provisional que otorga asistencia inmediata. Para acreditar la residencia, se flexibilizan los requisitos: además del padrón, se aceptarán facturas de suministros, informes de servicios sociales o certificados de escolarización.
El decreto pone especial énfasis en colectivos vulnerables, garantizando protección total a menores de edad, embarazadas, víctimas de trata y de violencia de género, con independencia de su situación legal. Asimismo, el derecho se extiende a solicitantes de protección internacional y a españoles residentes en el extranjero, y sus familiares, durante sus estancias temporales en España, eliminando las restricciones que afectaban a quienes no fueran pensionistas o trabajadores.
Finalmente, la normativa introduce mejoras en la equidad social al equiparar los copagos. Aquellas personas exentas de pagar por medicamentos (como pensionistas de rentas bajas o personas con discapacidad) quedarán ahora exentas también del copago en productos ortoprotésicos. Para evitar fraudes, la Administración podrá exigir el reintegro de los gastos si se detectan falsedades en la declaración responsable tras un periodo de comprobación de tres meses.
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