El Gobierno aprueba la ley para reformar el acceso a la justicia pese a las críticas del CGPJ y asociaciones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley orgánica destinado a ampliar y fortalecer las carreras judicial y fiscal, una iniciativa que llega al Congreso tras incorporar las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, aunque no sin generar controversia.

"Hemos tenido en cuenta esos informes a los efectos de redactar la versión que definitivamente mandamos al Congreso", ha señalado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El proyecto de ley introduce un examen escrito para el acceso a las carreras judicial y fiscal, amplía el número de plazas, "blinda por ley orgánica" las becas para opositores con bajos recursos y prohíbe la financiación privada de las asociaciones judiciales.

Bolaños ha insistido en que el Gobierno ha modificado la redacción inicial del anteproyecto, aprobado en enero, tras analizar las recomendaciones de los órganos consultivos, y ha anunciado que el texto iniciará su tramitación parlamentaria "mañana mismo".

Avisos del CGPJ

Cabe recordar que el CGPJ emitió un informe unánime sobre el anteproyecto alertando de posibles "disfunciones" y la creación de una "carrera de dos velocidades". El órgano de gobierno de los jueces expresó dudas sobre la "idoneidad" de algunas medidas, tanto por técnica legislativa como por los objetivos de la reforma.

El CGPJ se mostró especialmente crítico con el "proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal" para jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, al no considerar que exista la "situación excepcional" requerida por la jurisprudencia constitucional.

Sin embargo, Bolaños ha defendido este martes que el objetivo de la ley es "mejorar el acceso" e impulsar la "igualdad de oportunidades", asegurando que el proceso de estabilización cumple con las exigencias de la Comisión Europea ante la elevada cifra actual de jueces (954) y fiscales (331) sustitutos. Este proceso, que se articulará como un cuarto turno extraordinario, estará abierto no solo a sustitutos sino también a otros profesionales del derecho.

Becas y prueba escrita para opositores

El ministro ha destacado la creación de becas para opositores con rentas bajas, que alcanzarán como mínimo el salario mínimo interprofesional y tendrán una duración de hasta cuatro años. También ha anunciado la transformación del Centro de Estudios Jurídicos en una red pública de preparación con sedes en varias provincias.

Una de las novedades clave es la introducción de una prueba escrita en la oposición para evaluar el razonamiento jurídico, la expresión escrita y la aplicación de la ley a casos prácticos. Esta prueba será obligatoria tanto para el turno libre como para el cuarto turno, dedicado a juristas de prestigio, donde además se exigirá la redacción de un dictamen eliminatorio previo a la valoración de méritos. Bolaños ha recordado que este proyecto crea por primera vez un cuarto turno para la carrera fiscal.

El ministro ha señalado que la ley busca garantizar que el 25% de las plazas de jueces y magistrados provengan del cuarto turno, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, un porcentaje que actualmente se sitúa por debajo del 8%.

Otras medidas destacadas incluyen la creación de un registro público de jueces y magistrados que preparan opositores, la regulación del ascenso automático por antigüedad de juez a magistrado a los cinco años, el impulso a las especializaciones en violencia de género y mercantil, y la ampliación de la Comisión de Ética Judicial a nueve miembros, cuatro de ellos elegidos por las Cortes Generales.

Críticas de asociaciones y el Consejo Fiscal

Cuando se conoció el anteproyecto en enero, tres de las cuatro asociaciones de jueces (APM, AJFV y FJI) advirtieron del riesgo de "meter" jueces sustitutos por la "puerta de atrás". En abril, la mayoría del Consejo Fiscal también expresó su rechazo al nuevo sistema de acceso a la carrera fiscal, considerando que rebajaba la exigencia y abría una "puerta de atrás" con el cuarto turno y la incorporación de personal interino.

A pesar de estas críticas, el Gobierno ha decidido seguir adelante con el proyecto de ley, que ahora iniciará su andadura en el Parlamento en un contexto de debate sobre la independencia judicial y la calidad del acceso a la justicia.