Hacienda plantea imponer límites al "dumping fiscal" autonómico en la reforma del sistema de financiación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que su Ministerio está trabajando activamente en la implementación de topes para frenar lo que considera un "dumping fiscal" por parte de algunas comunidades autónomas. Esta medida, según ha detallado la ministra, se integrará en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica con el objetivo de evitar que territorios como la Comunidad de Madrid utilicen su autonomía tributaria para dejar sin efecto práctico determinados impuestos estatales.

Durante la rueda de prensa en la que ha desgranado su propuesta para el sistema de financiación, Montero ha criticado con dureza la estrategia de bajar impuestos mientras se solicitan más fondos al Estado. Para ilustrar su postura, la ministra ha comparado esta práctica con una situación en la que una administración reduce su propia recaudación esperando que sea el Gobierno central quien asuma la subida de impuestos necesaria para garantizar los servicios del Estado del Bienestar. Según su criterio, esta falta de equilibrio rompe los principios de solidaridad y equidad entre territorios.

El propósito del Ejecutivo es introducir mecanismos que aseguren una "mayor corresponsabilidad fiscal" en todas las comunidades autónomas. Montero ha explicado que es necesario "imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias", refiriéndose a las bonificaciones que reducen la recaudación de impuestos cedidos a niveles mínimos. Con esta regulación, Hacienda busca blindar la eficacia de los tributos y evitar que la competencia fiscal a la baja entre regiones debilite la capacidad financiera del conjunto del país.

Finalmente, la titular de Hacienda ha calificado de incoherente el escenario actual, en el que el Gobierno de España realiza "esfuerzos extraordinarios" para inyectar recursos adicionales en los territorios, solo para que estos renuncien a su parte de ingresos mediante rebajas fiscales. Para Montero, no tiene sentido que las comunidades se desprendan de una parte importante de su capacidad recaudatoria y, al mismo tiempo, exijan una mayor dotación económica para sostener los servicios públicos esenciales.