El juez de la Audiencia Nacional investiga un presunto delito por odio a los responsables del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional (AN), ha decidido abrir diligencias para investigar la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por los presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos. La denuncia se centra en los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el juez ha solicitado a la Fiscalía que se posicione sobre si la denuncia debe ser admitida a trámite. Esta denuncia apunta directamente a diversas organizaciones y partidos políticos, como la red RESCOP/BDS, así como a líderes y formaciones de EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, a quienes ACOM acusa de "promover activamente la exclusión del equipo israelí".

En un comunicado, ACOM argumentó que las protestas contra la participación del equipo, lejos de ser manifestaciones pacíficas, se convirtieron en "acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios". La asociación asegura que estos actos pusieron en "serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad".

Para ACOM, estas "agresiones" constituyen un acto de discriminación por motivos de nacionalidad, que atenta contra los principios de igualdad y seguridad en el deporte profesional. La organización subraya que es "inadmisible" convertir las carreteras de La Vuelta en escenarios de lo que califican como "acoso y linchamiento antisemita".

Además de los supuestos instigadores, la denuncia también se dirige a los autores materiales del boicot y a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, como su director técnico, Kiko García.

La asociación ha ido más allá en sus peticiones, solicitando a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar de urgencia. ACOM justifica esta petición por el "riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público".

Adicionalmente, solicitan que se refuercen las medidas de seguridad, se prohíban las concentraciones en los tramos de la carrera y que se identifique y detenga a los grupos implicados en los bloqueos.

ACOM ha anunciado que la denuncia es el inicio de una serie de acciones legales, que podrían incluir a políticos como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La asociación ha reiterado su compromiso de "no permitir la normalización del odio antisemita" ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España.