La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', que tipifica por primera vez el antigitanismo como delito de odio y prevé sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros entra en vigor este jueves, 14 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En su contenido, la norma especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.
Además, el texto destaca la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.
Del mismo modo, incluye la aporofobia --el odio contra el pobre-- como un delito de odio y también se modifica el Código Penal para que por primera vez el antigitanismo esté tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.
En cuanto a las sanciones, la ley prevé multas de entre 300 y 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 40.000 para las graves y para las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros. La recaudación obtenida del cobro de las multas será invertida en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.
A través de un comunicado, declararon que esta norma era un "instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral", poniendo el foco en el régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico, la incorporación de la definición de segregación escolar o el refuerzo de la protección de las personas en situación de sinhogarismo.
Sin embargo, desde la Alianza critican que la norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación, entre otras carencias.
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