El Partido Popular ha puesto en marcha una campaña masiva de envíode sms a 1,2 millones de personas en los últimos días de la campaña electoral,circunstancia que los usuarios han aprovechado para denunciar a través de lasredes sociales por el uso de los datos personales.
Sin embargo, desde el Partido Popular han argumentado que el envíoes completamente legal, ya que los datos para el envío han sido suministradospor una empresa de marketing directo. Detallan que los números de teléfono hansido obtenidos de una base de datos “entre aquellas personas que han mostrado unadisposición favorable a ser contactados mediante mensaje para recibircomunicaciones en alguna ocasión”.
En todo caso, la organización de Consumidores FACUA pedirá a laAgencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue los SMS y lasllamadas con propaganda electoral del PP y Más País
El equipo jurídico de laasociación enviará este lunes un escrito a la AEPD para solicitar que determinesi ambas formaciones han cumplido o no con la normativa de protección deprotección de datos, ya que el PP afirmaba que los SMS enviados este viernes alelectorado se han remitido a teléfonos incluidos en una base de datos deusuarios que habían dado su consentimiento para recibir comunicaciones, pero noha aclarado si aceptaron concretamente la recepción de comunicaciones departidos políticos.
En el caso de Más País, han indicado que han recurrido a llamar ateléfonos que aparecen en las Páginas Blancas. De ser así, supondría haberusado una fuente accesible al público y, por tanto, no habría ilegalidad en larealización de las llamadas, advierte FACUA.
FACUA está recibiendo numerosasconsultas de usuarios que han recibido llamadas telefónicas, SMS y sobres enlos buzones de sus domicilios con propaganda electoral pese a haber solicitadoal Instituto Nacional de Estadística (INE) que no fuera utilizada suinformación censal para esos fines.
En este sentido, ni los SMSde Pablo Casado (PP)ni las llamadas telefónicas con una locución de Íñigo Errejón (MásPaís) vulneran la legislación por no aclarar a los destinatarios cómo darse debaja de sus ficheros y no volverlas a recibir. FACUA señala quelamentablemente, la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciónde Datos Personales y garantía de los derechos digitales dice que no son "comunicaciones comerciales",eximiendo a los partidos de esa obligación.
Tampoco es ilegal que Vox hayametido propaganda en el buzón de los domicilios de los ciudadanos que pidieronal INE que ningún partido usara sus datos censales. Lo que ha hecho el partidode ultraderecha, advierte FACUA, es un buzoneo indiscriminado, sin indicar losnombres de los destinatarios.
En este sentido, la asociaciónreclama cambios en la legislación para evitar resquicios como el mencionado.Mucha gente quiere que no la llamen, le envíen SMS o correos electrónicos ni lemetan sobres en el buzón. La normativa debe cambiar para los partidos en elsentido contrario al que se ha modificado la ley de protección de datos. Losciudadanos, indica FACUA, no teneos por qué aceptar que nos obliguen a recibirpropaganda.
Pero en cualquier caso, FACUAalerta de que si un partido político llama por teléfono o envía SMS a losusuarios, sólo es legal si ha obtenido sus teléfonos de forma aleatoria o através de un fichero de usuarios que dieran su consentimiento al tratamiento desus datos personales con fines de comunicaciones electorales.
Así, la asociación recuerda queel artículo 6 de la Ley orgánica de protección de datos deja clara lailegalidad de los documentos donde los usuarios aceptan, de forma genérica, queusen sus datos "parael envío de comunicaciones de terceros". Deben aclarar siserán de bancos, aseguradoras... o partidos políticos.