PSOE, Podemos y ERC pactan que el castellano deje ser lengua vehicular en toda España

Los grupos parlamentarias han pactado una enmienda transaccional para la «Ley Celaá», actualmente tramitada en el Congreso

 Celaá
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El PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda transaccional para la "Ley Celaá", actualmente tramitada en el Congreso que deja fuera que el castellano sea lengua vehicular en toda España, según informa el diario ABC

En principio, esta enmienda se aprobaría en la Ponencia del próximo jueves, que aún no se sabe si se va a celebrar, asegurane a ABC fuentes parlamentarias. Unidas Podemos le ha dicho a este periódico, sin embargo, que esta enmienda "no está cerrada".

El proyecto de ley educativo, Lomloe, dice en su articulado actualmente (en un redactado muy similar a la ley vigente, la Lomce) que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

La idea es cambiar este último párrafo por otro que señale que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña lamenta que "dejarán la ley de educación sin la obligación de que el español sea vehicular en toda España, solo hablan de garantizar que se domine, un concepto que les permite aplicar la inmersión con casi ninguna barrera legal y sin establecer herramientas que controlen que ese dominio es real e igual en todo el país".

Losada advierte de que "ahora nos resultará más difícil conseguir ganar los recursos que les obligan a impartir el 25% de castellano; los ganaremos porque la Constitución y la jurisprudencia se mantiene pero añade más dificultades".

A su juicio, "este pacto por intereses políticos para aprobar los presupuestos supone que el Gobierno de España reconoce que no quiere garantizar la igualdad de derechos lingüísticos de todos los españoles".

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