La reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para endurecer un 20% las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo entrará en vigor a partir del 1 de octubre.
Así lo contempla la enmienda de las formaciones que sustentan el Gobierno de coalición, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido incluida este martes en la nueva Ley de trabajo a distancia, aprobada por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja.
Y es que esta iniciativa ha sido aprobada por esta Comisión, con competencia legislativa plena para enviar leyes directamente al Senado sin necesidad de pasar por el Pleno, con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, Cs, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, y la abstención de Vox.
El proyecto tiene origen en el decreto ley aprobado por el Gobierno en septiembre del año pasado, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para la regulación del trabajo a distancia. Semanas después el Congreso aprobó su convalidación, pero decidió tramitarlo como proyecto de ley para poder plantear cambios.
PRIMERA REVISIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR DESDE 2007
Precisamente la reforma de este régimen sancionador es una de las enmiendas planteadas e incluidas durante la tramitación de la norma, dirigida a elevar un 20% las sanciones contempladas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Con ella, la cuantía de las sanciones de la Inspección se elevan hasta un 20%, por lo que la sanción más elevada podría llegar hasta los 983.736 euros, cuando el importe más cuantioso se quedaba en 819.780 euros en la vigente ley.
El PSOE y Unidas Podemos justifican esta revisión de las cuantías de estas sanciones recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social "para garantizar su eficacia, con respecto al principio de proporcionalidad". Las cuantías incluidas en esta ley, recogidas en un texto refundido del año 2000, han sido objeto de una única revisión hasta ahora, argumentan, en el año 2007.
En todo caso, según recoge otra enmienda incluida en el proyecto a instancias del PSOE y Unidas Podemos, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y por ende, del nuevo régimen sancionador, se sancionarán conforme a las cuantías previstas hasta entonces.
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