El registro único de alquileres turísticos, obligatorio desde el 1 de julio: España busca mayor transparencia y frenar el fraude

España da un paso crucial hacia la transparencia y la regulación del mercado de alquileres de corta duración. A partir de este próximo martes, 1 de julio, entrará en vigor el registro único de arrendamientos de alquileres turísticos y de temporada, una medida de obligado cumplimiento que emana del Real Decreto 1312/2024, por el que se crea la ventanilla única digital. Esta normativa es una adaptación directa del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, vigente desde el 11 de abril de 2024, que establece un sistema armonizado para la regulación de las viviendas amuebladas de corta duración.
Desde ahora, la solicitud del número de registro deberá tramitarse a través del Colegio de Registradores. Para ello, los propietarios deberán adjuntar la documentación pertinente, que incluye la referencia catastral y la dirección exacta del alojamiento, el modelo de alquiler (ya sea vivienda completa o por habitaciones), el número máximo de personas que podrán utilizar la vivienda y el cumplimiento de todos los requisitos específicos establecidos por cada comunidad autónoma para la operación de este tipo de servicios. Una vez presentada y validada la solicitud, los propietarios recibirán un número de identificación único que será obligatorio hacer público en todas las plataformas online donde promocionen sus servicios de alquiler. De esta forma, se busca que estas viviendas estén oficialmente registradas y sean fácilmente identificables.
Un mercado transparente y lucha contra el fraude
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado en un comunicado reciente que el objetivo principal de esta medida, impulsada tanto por el Gobierno de España como por la Unión Europea, es abordar el "complejo escenario" del mercado de la vivienda. Se busca establecer mecanismos que "frenen los casos de fraude" y consoliden un mercado "transparente", proporcionando una mayor seguridad tanto para los arrendadores como para los usuarios.
A fecha de 27 de junio, el Colegio de Registradores ya había aprobado 90.046 solicitudes, lo que representa el 83,65% de las tramitadas. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana confirmados a Europa Press, 17.596 solicitudes han sido denegadas, mientras que 92.044 se encuentran pendientes de verificación. En total, desde el 2 de enero, se han acumulado 199.686 solicitudes en toda España. La mayoría de estas solicitudes corresponden a alquileres turísticos (156.938), concentrándose principalmente en provincias de alta demanda turística como Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona. Cabe destacar el notable incremento en el último mes, con un total de 125.000 solicitudes tramitadas desde el 26 de mayo. Los registradores han recordado que el número de registro único podrá seguir solicitándose después del 1 de julio, pero han insistido en que este código solo se asignará a aquellos que cuenten con las licencias o declaraciones responsables exigidas por la comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente.
Las plataformas online, obligadas a compartir datos mensuales
La nueva normativa también impone obligaciones a las plataformas online de alquiler de corta duración. Estas deberán transmitir sus datos a la ventanilla única digital de arrendamientos con una periodicidad mensual. Los datos a enviar incluyen información de actividad por unidad, el número de registro facilitado por los arrendadores, la dirección específica de la unidad y las URL de los anuncios publicados en sus plataformas, todo ello mediante comunicación de máquina a máquina.
En el caso de las plataformas pequeñas y microplataformas online, el tiempo de transmisión de la información requerida será trimestral. En ambos supuestos, la transmisión de datos deberá efectuarse en los quince primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del periodo de referencia correspondiente.
Críticas y preocupación en el sector
A pesar de los objetivos de transparencia, esta nueva regulación ha generado críticas significativas. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro Jordi Hereu, debido al "caos" e "incertidumbre" que, a su juicio, ha generado el nuevo registro. El PP ha criticado la "improvisación" y "precipitación" de la entrada en vigor del Real Decreto en plena temporada alta, denunciando la "falta de liderazgo" del ministro Hereu y una supuesta "intrusión competencial" en las funciones de los registradores de la propiedad. Han señalado que, a pocos días del 1 de julio, persisten "graves lagunas en los criterios a aplicar, sin una guía clara sobre los usos y temporalidad, la necesidad de múltiples registros para una misma unidad alojativa o la forma en que se deben compartir los datos con las autoridades competentes".
Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha alertado de que la aplicación de la normativa podría dejar fuera al 70% de la oferta actual, provocando pérdidas económicas estimadas en 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre. Fevitur también ha insistido en que este nuevo sistema invade las competencias de turismo delegadas en las comunidades autónomas. Su presidenta, Silvia Blasco, ha denunciado que las CCAA ya disponen de sus propios registros turísticos y que, lejos de complementar estas herramientas, el nuevo sistema se percibe como "un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema".
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