El 80 por ciento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León se ejecuta con 1.810 millones de euros justificados

El Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2022 (PDR) ha analizado el progreso de esa iniciativa, que en su penúltimo año de ejecución alcanza un grado de ejecución del 80 por ciento, con 1.810 millones de euros justificados, lo que supera la media de ejecución financiera de los PDR en España, que se sitúa en torno al 75 por ciento.

En este comité, celebrado la semana pasada, están representadas las distintas unidades de gestión de la Comunidad (Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, las Redes Rurales, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (Cecale), la Federación Española de Municipios y Provincias, las Organizaciones Ecologistas y la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León.

Con este programa, cuya fecha final es el 31 de diciembre de 2025, se apoyan actuaciones que fijan población, principalmente a través de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria; mejoran la viabilidad de las empresas de las zonas rurales, las infraestructuras rurales y el cuidado de la superficie forestal, todo con el objetivo de generar riqueza en el territorio.

El importe ejecutado ha supuesto conceder ayudas a más de 68.500 beneficiarios de la población rural, y en cuanto a la tipología de los municipios receptores de los fondos, el 72 por ciento del gasto invertido se ha destinado a municipios de Castilla y León con menos de 1.000 habitantes y el 90 por ciento a municipios de menos de 5.000 habitantes.

El PDR tiene una dotación financiera de 2.285 millones de euros de gasto público, de los cuales 1.333,3 millones de euros se aportan por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader); 735 millones de euros, por la Junta de Castilla y León; y el resto, 194 millones de euros, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este programa tiene como objetivos apoyar la inversión en las áreas rurales de Castilla y León dirigidas especialmente a fortalecer el sector agrario y su industria de transformación, la agricultura sostenible y la silvicultura, y las actividades económicas de los pueblos.

Las principales prioridades de actuación del programa son la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, mediante la creación de empleo con especial atención a los jóvenes agricultores, la modernización de las infraestructuras agrarias y los regadíos, y de la industria agroalimentaria.

También trabaja por la agricultura compatible con el medioambiente y la actividad agraria en zonas con dificultades y la preservación de los sistemas forestales, y para asesorar a los titulares de las explotaciones agrarias y formar al sector agrario, además de diversificar la actividad económica en las zonas rurales.

Entre las actuaciones apoyadas con el programa hay que destacar las dirigidas a la modernización de las explotaciones, donde se han tramitado pagos por importe de 145 millones de euros destinados a 3.795 explotaciones; y las dirigidas a la incorporación de jóvenes, con pagos por importe de 182 millones de euros para 5.253 jóvenes, de los cuales el 28 por ciento son mujeres.

Para infraestructuras agrarias se han destinado 333,4 millones de euros dirigidas a modernizar 47.714 hectáreas de regadío, a crear 29.853 hectáreas de nuevos regadíos y a mejorar la estructura de la propiedad mediante acciones de concentración parcelaria en 385.420 hectáreas.

En industria agroalimentaria se han apoyado 187 proyectos con un importe total de 137,4 millones de euros. Además, se ha llevado a cabo el asesoramiento a titulares de explotaciones (más de 28.000 asesoramientos) y potenciado la formación del sector agrario (más de 45.000 asistentes a los 1.776 cursos). Igualmente, el Programa se dirige a potenciar actuaciones que inciden sobre los bosques e impulsar prácticas agrarias ambientales.