Ciudadanos por Béjar yComarca (CxByC) ha emitido un comunicado en el que informa que presentará, unavez pasado el Estado de Alarma, una querella contra el exalcalde y actualconcejal, Alejo Riñones Rico, por presunta prevaricación. Solicitarán suinhabilitación por un periodo de nueve años “a fin de evitar que sus accionesnegligentes y abuso de derecho sigan provocando la sangría de miles de euros alayuntamiento.
El motivo es laconstatación de “la omisión consciente por su parte del obligado cumplimientode las medidas previstas en la D.I.A. que afecta a la estación de esquí `Sierrade Béjar-La Covatilla´, de titularidad y gestión municipal”.
LaResolución dictada por el Procurador del Común con fecha 24/04/2020, a partirde la queja presentada ante su oficina por esta formación política el día 31 deenero de 2019, señala de manera inequívoca que la Corporación presidida porAlejo Riñones ignoró requerimientos y pretendió camuflar o excusar lairregularidad cometida.
Segúnexplican desde CxByC, “el ayuntamiento de Alejo Riñones no presentó nunca lospreceptivos informes de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, porque nopodía informar de algo que nunca hizo. Cuando le solicitamos formalmente eldocumento en 2018, conscientes de que no podía aportar algo inexistente, seabstuvo de contestar desacatando, conscientemente, la Ley de Transparencia. Dehecho, en la exposición de motivos de la Resolución se alude a estacircunstancia.
En palabras de la formación, esto ponede manifiesto, “además de las posibles responsabilidades penales, las de tipomoral en relación con la continua campaña de desprestigio y descalificacióngratuita, cuando no posible difamación, suscitada muchas veces por lasdeclaraciones públicas del Sr. Riñones como alcalde, hacia una empresaconcesionaria, apoyada y sufragada por la aportación de muchos ciudadanos, quemerece más respeto, ya que fue capaz de levantar su fallido proyecto deltelesilla, tras pasar dos inviernos abandonado (porque no sabía qué hacer conél) convirtiéndolo en una auténtica estación de esquí (que él ha malbaratado)formando un destacado equipo de profesionales (que él ha deshecho y dispersado)y que actuaba siempre dentro de la legalidad, cumpliendo todas las normas. Élno puede decir lo mismo”.
Continúan asegurando que “sucomportamiento, además, comportará, como indica la Resolución, la incoación deun expediente sancionador, ya que queda acreditado que desde 2014, no sólo nose ha presentado el informe, aun siendo requerido expresamente, sino que se havenido incumpliendo reiteradamente la norma ambiental. ¿Tendremos que pagar losciudadanos estos platos rotos? ¿Lo va a pagar Alejo? Una vez más se hacenecesaria la petición de responsabilidad patrimonial”.
Esperan asimismo, que con laspruebas documentales aportadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente yel informe del Procurador del Común, la fiscalía se pronuncie en defensa de laLey y el Derecho en todo lo que afecta a las garantías que afectan a todos losciudadanos, tal y como se refleja en el texto que motiva la Resolución.