Todo lo relacionado con el contrato menor para el 'Estudio de Viabilidad de La Covatilla' podría ser catalogado de esperpéntico. Desde la adjudicación hasta la reciente factura enviada al Ayuntamiento de Béjar remitida por uno de los asesores personales del alcalde, Luis Francisco Martín.
La polémica comenzó incluso antes de la adjudicación del contrato por parte del Consistorio a nombre personal de una de los dos asesores de confianza plena del alcalde, tal y como ha reconocido él mismo.
Personal del Ayuntamiento, así como concejales, pedían explicaciones sobre las dos nuevas personas desconocidas que accedían libremente a instalaciones municipales desde que llegó al puesto el alcalde.
“No hace falta documentación porque son mis asesores que no cobran del Ayuntamiento”, aseguraba el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, ante las exigencias de la oposición de conocer las funciones y la identidad de estas personas.
No obstante, finalmente se formalizó un contrato a nombre de uno de las dos asesores, puesto que el alcalde reconoció públicamente que estas dos personas estaban realizando trabajos de asesoría que “yo se lo encargué”. Unas labores que iban a ser gratuitas, pero que “el señor secretario me aconsejaba que lo suyo era regularizarlo, dar una retribución por un trabajo”. Por ese motivo apareció el contrato menor por un valor de 2.000 euros a nombre personal de una de las dos asesoras, M.E.B.B., en vez de ser adjudicado a nombre de una empresa de reciente creación donde aparece como administradora única, -pero de la que también forma parte su hermano-.
Un contrato menor con la única finalidad de realizar un estudio de viabilidad de La Covatilla, donde se debería analizar la situación económica del centro turístico, pero, según se detalla en la factura emitida por esta asesora, se ha accedido a información de carácter personal de los trabajadores, algo que, para poderse realizar, debería estar incluido con una cláusula de Protección de Datos en el contrato o debería haber un decreto explicito desde Alcaldía.
Una persona desconocida, sin experiencia contrastada y sin estar dada de alta de autónomos fue elegida por el alcalde
Tras el conflicto del alcalde con las concejalas de su propio partido, Olga García y Araceli Dorado, este decidió romper su vinculación “contractual con el grupo de asesores”. Una vinculación que solamente se podría explicar a través de ese contrato antes mencionado adjudicado por Alcaldía y donde solamente aparece el nombre personal de uno de los asesores, puesto que, más allá de que el alcalde les dejara ‘campar a sus anchas’ por el Ayuntamiento y asistir como asesores a múltiples reuniones, no existía ninguna relación contractual con alguna empresa en la que estuvieran involucrados los dos hermanos asesores, ni siquiera, la de reciente creación puesta en marcha después del famoso contrato de la asesora y donde esta última aparece como administradora única y su hermano como apoderado.
Por eso las dudas han seguido instaladas en el seno del Ayuntamiento de Béjar, puesto que a pesar de asegurar el alcalde la ruptura de las relaciones, ciudadanos y personal se siguen preguntando por qué el alcalde ha dado tantos permisos a dos personas que no estaban relacionadas con la ciudad, que no tienen un historial contrastado y que no se presentaban como una empresa que pudiera ofrecer estos servicios.
La gota que ‘colma el vaso’ ha llegado este viernes, 27 de octubre, cuando la asesora ha enviado al Ayuntamiento la factura por ese contrato personal adjudicado para el estudio de viabilidad. La factura está emitida el 26 de junio de 2023 y aparece su nombre y su DNI, pero ninguna dirección de facturación, ni empresa, a pesar de ‘decorar’ el documento con un membrete propio de una mercantil; además, y según la numeración, es la única que ha facturado esa supuesta empresa o autónoma en todo el año. Algo extraño esto último para una persona que se suponía con bagaje y experiencia en los estudios de mercado.
Una factura y un contrato que según ha podido saber Salamanca24horas.com podría no ajustar a la legalidad, puesto que este medio ha podido confirmar que la asesora no está dada de alta de autónomos, ya que dejó de estarlo en 2017, por lo que no podría emitir una factura de este tipo y tampoco tener una relación contractual como la adjudicada con un ente público.
Acceso a información personal de los trabajadores
La ya famosa factura de la asesora tiene los siguientes conceptos: “Análisis de la situación actual de La Covatilla desde que comenzó su gestión municipal adquiriéndose material de la anterior gestora”, por un valor de 1.100 euros; y “Análisis de los contratos de suministradores y del personal de la estación de esquí, y revisión de la situación laboral actual, con definición de un organigrama aconsejable y actuaciones la respecto para su creación”, por un importe de 900 euros.
Un montante que asciende a los 2.000 euros, más 420 de IVA, pero que, y algo que quizá tampoco podría hacer porque solo se aplica a los nuevos autónomos, ella aplica una retención del 7% que deja el total de la factura en 2.280 euros.
Con ese panorama quedan muchas cuestiones que explicar, puesto que, según la información de la Agencia Española de Protección de Datos, para que una empresa contratada por un ente público pueda acceder a datos de carácter personal, debe venir precisado y regulado de forma contractual y con una cláusula de protección de datos y unos límites legales que no podrá sobrepasar dicha empresa.
Es más, y según lo que recoge esta misma Agencia, lo que ha estado haciendo este grupo de asesores con el beneplácito del alcalde estaría vulnerando la Ley de Protección de Datos, puesto que han accedido a información de carácter personal sin tener ningún tipo de cargo público dentro del Consistorio ni vinculación contractual explícita que permite y regule ese acceso. Algo que podría ser denunciado ante esa misma Agencia, tal y como han confirmado a este medio de comunicación.
En cuánto al resto de dudas que se crean a raíz de esta información, deberá ser el alcalde, que ha contado con el apoyo y el beneplácito del Partido Popular de Salamanca, quien resuelva esas cuestiones, como, por ejemplo, ¿Por qué se ha elegido a este grupo de personas para llevar a cabo estas funciones sin una experiencia contrastada?, ¿Quién se los recomendó al alcalde?, ¿Por qué se ha adjudicado un contrato menor a una asesora que no está dada de alta de autónomos y por qué no se ha comprobado esa información?, ¿Por qué sin una experiencia profesional contrastada se ha firmado un contrato menor donde ha podido acceder a datos personales de trabajadores? ¿Por qué si la única relación contractual que se tiene de este grupo de asesores es con uno de ellos por el ‘Estudio de Viabilidad de La Covatilla’ se ha podido ver al otro asesor acompañando a otras reuniones al alcalde y este los cataloga de asesores personales?
Un cúmulo de preguntas a sumar a la larga lista ya creada a toda la polémica que sigue rodeando al Ayuntamiento de Béjar.
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